Vence el acuerdo UOM–empresas y hay hasta 1.000 puestos de trabajo en riesgo en Tierra del Fuego

El entendimiento había sido rubricado el 23 de mayo, luego de una semana de conflicto y medidas de fuerza en la provincia, con un objetivo claro: evitar despidos en un contexto de caída del consumo, apertura importadora y cambios en el régimen industrial. El acuerdo estableció mecanismos transitorios para sostener los puestos de trabajo y habilitó espacios de diálogo entre el sector empresario, el gremio y los gobiernos nacional y provincial.

Contratos al límite y pocas señales de continuidad

Según confirmaron fuentes gremiales y empresarias, muchos de los contratos que hoy están en riesgo tenían fecha de vencimiento en el segundo semestre del año y fueron prorrogados exclusivamente por el acuerdo. Sin embargo, con el final de 2025, esa contención se termina.

El secretario general de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, reconoció la dificultad para garantizar la continuidad laboral de entre 800 y 1.000 trabajadores. “Había contratos que vencían después de la firma del acuerdo y se postergaron, manteniendo a los trabajadores suspendidos. Pero a fin de año caducan”, explicó.

El diagnóstico del gremio es contundente: no hay previsibilidad productiva para 2026. Las empresas operan con sobrestock, las ventas continúan bajas y el consumo no muestra señales de recuperación. Productos clave como televisores, aires acondicionados y celulares enfrentan una demanda deprimida, mientras los precios en dólares se desplomaron en comparación con el año pasado.

Apertura, importaciones y ajuste

Desde el sector empresario, el panorama no es más alentador. La reducción gradual de aranceles, que culminará el 16 de enero, sumada al ingreso de productos importados y al contrabando, profundizó la presión sobre la producción local. A eso se suma un consumo retraído que afecta a toda la economía.

Si bien hubo intentos de mejorar la productividad y eficiencia en coordinación con los gobiernos y el sindicato, los propios industriales admiten que el escenario aperturista, combinado con bajos niveles de ventas, vuelve inviable sostener los contratos temporarios.

Actualmente, la industria electrónica fueguina cuenta con alrededor de 4.000 trabajadores efectivos. Si bien el impacto inmediato recaería sobre los contratos a plazo fijo, desde el gremio advierten que el debate por la reforma laboral en el Senado agrega un nuevo factor de preocupación sobre la estabilidad del empleo en general.

El rol del Gobierno provincial

En este contexto crítico, la ministra de Trabajo y Empleo de Tierra del Fuego, Sonia Castiglione, convocó a una nueva reunión de la mesa de diálogo en el marco de los Decretos Presidenciales 333/25 y 334/25, que establecieron las últimas modificaciones arancelarias e impositivas.

La convocatoria, fijada para el viernes 19 de diciembre a las 12 horas en el Salón Auditorio del Instituto Fueguino de Turismo, en Ushuaia, incluyó la presencia de representantes de la alta dirigencia de cada empresa, más allá de las cámaras empresariales. Desde la cartera laboral se remarcó la necesidad de obtener definiciones concretas ante la inminente aplicación del último tramo de reducción arancelaria.

Sin embargo, desde el sector empresario deslizan que la reunión llega con la fecha prácticamente cumplida y que las posibilidades reales de un nuevo acuerdo son limitadas. “No hay muchas intenciones de que la situación cambie”, reconocen puertas adentro.

Un final abierto y un riesgo latente

Con el acuerdo a punto de expirar y sin señales claras de una prórroga, la industria electrónica de Tierra del Fuego enfrenta un cierre de año cargado de tensión. Lo que se definió en mayo como una salida transitoria hoy muestra sus límites. Si no aparece una alternativa concreta, el 2026 podría comenzar con cientos de trabajadores fuera del sistema productivo, en un escenario que vuelve a poner en discusión el futuro del empleo industrial en la provincia.