YPF cederá a Terra Ignis, yacimientos con un rojo operativo de 80 millones de dólares anuales

USHUAIA.- La jornada legislativa de este jueves en la sala de comisiones estuvo marcada por un clima de tensión y dificultades técnicas que entorpecieron el análisis del retiro de YPF del territorio fueguino. Sin presencia física de sus directivos, la petrolera intentó brindar explicaciones mediante una videoconferencia desde Buenos Aires que sufrió constantes cortes de señal. La precariedad de la conexión llegó al punto de que las autoridades solicitaron a los presentes que liberaran el ancho de banda del servidor para intentar rescatar algo de nitidez en los audios y videos que llegaban desde la Capital Federal.

En el centro de la discusión apareció una cifra que encendió las alarmas de los parlamentarios porque el desfasaje financiero de la operadora en la isla se aproxima a los 80 millones de dólares por año. Esta tendencia negativa se sostiene de manera ininterrumpida desde 2018 según los datos que aportó Gabriela Castillo, ministra de Obras Públicas y actual representante de la provincia en el directorio de Terra Ignis Energía S.A., la firma estatal que heredará la gestión de los activos.

El escenario político en la sala mostró una llamativa soledad para la funcionaria, quien fue la única voz vinculada a la nueva estructura energética presente en el recinto. La falta de los cuadros empresariales de la futura operadora generó ruidos en un debate donde se define el destino de fondos públicos de gran magnitud y el sostenimiento de una actividad industrial que atraviesa un momento de fragilidad institucional.

El petróleo fueguino, en caída libre

Los informes técnicos revelaron un panorama sombrío sobre el estado de la infraestructura petrolera regional. Actualmente se mantienen 273 pozos en etapa de producción, una cifra que se ve opacada por otros 330 yacimientos que están bajo análisis o directamente en proceso de abandono. Este estancamiento productivo refleja el agotamiento de los campos maduros y una estructura de costos que no para de subir frente a rindes que son cada vez menores.

Frente a este escenario, el plan de contingencia del Ejecutivo prevé que un reordenamiento administrativo podría achicar el agujero fiscal al 50%. De cumplirse estas metas, el costo de operación pasaría a rondar los 3 millones de dólares mensuales, aunque se advirtió que el alivio para las arcas públicas sería marginal. La expectativa de mejora real en el balance apenas alcanza un 10% y depende directamente de que se logren sostener los niveles de extracción actuales.

Los plazos que maneja el Gobierno indican que recién en marzo se podrían observar los primeros síntomas de recuperación en los libros contables de la firma. Mientras tanto, el factor social pesa fuerte en la balanza política debido a que están en juego los puestos de unos 500 trabajadores. Se trata de una masa laboral con sueldos que superan los 5 millones de pesos mensuales, un compromiso que el oficialismo defiende como prioridad absoluta a pesar de la inviabilidad financiera que arrastra el sistema.

Sin dictamen

En lo que respecta al trámite parlamentario, el proyecto llegará al recinto sin haber logrado un dictamen de comisión previo. A pesar de esta falta de consenso inicial, la intención es forzar el tratamiento sobre tablas el próximo lunes 22 a las 17 horas. En esa misma sesión se buscaría aprobar la ampliación del ejido urbano, otra iniciativa que camina por el mismo sendero de celeridad legislativa sin pasar por los filtros habituales de las comisiones.

La discusión actual trasciende el mero cambio de manos de una empresa y pone la lupa sobre el costo de mantener un modelo energético que se volvió deficitario. El desafío de transformar campos maduros e improductivos en una unidad de negocios sustentable parece una carrera contra el tiempo donde los números no dan respiro y las decisiones políticas buscan saltear los obstáculos de una realidad económica muy ajustada.