Bongiovanni pidió frenar la ampliación del ejido urbano de Ushuaia y reclamó más participación ciudadana

En su presentación, Bongiovanni explicó que la intervención del Ministerio Público de la Defensa se fundamenta en su rol constitucional de promoción y protección de los derechos humanos, la legalidad y los intereses generales de la sociedad. En ese marco, recordó la experiencia del organismo en actuaciones vinculadas a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional.

El Defensor señaló que la Legislatura fueguina se encuentra actualmente analizando proyectos de alto impacto estructural, entre ellos la modificación de la actividad acuícola, el acuerdo con YPF y la gestión de pasivos ambientales, además de la ampliación del ejido urbano de Ushuaia. Según sostuvo, este tipo de iniciativas requiere un debate democrático más amplio, dado que sus consecuencias exceden a las generaciones actuales.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la forma y el contexto en que se impulsa el proyecto. Bongiovanni consideró inconveniente avanzar en el tratamiento “en los términos propuestos”, especialmente por la época del año y por la ausencia de condiciones que garanticen transparencia, acceso a la información y consulta popular efectiva.

Asimismo, advirtió que Ushuaia arrastra problemas estructurales no resueltos en materia de planificación urbana. Recordó que la falta de ordenamiento territorial derivó históricamente en desmontes agresivos, ocupaciones en zonas no aptas y la conformación de barrios con severos déficits de servicios básicos. En ese sentido, remarcó que resulta contradictorio ampliar el ejido urbano cuando amplios sectores de la ciudad aún carecen de acceso pleno a gas, agua potable, electricidad y saneamiento.

El documento también alerta que el territorio que se pretende incorporar incluye glaciares, humedales, bosques y cuencas hídricas protegidas por normativa nacional y provincial. Al respecto, Bongiovanni subrayó que la gestión de estos espacios no puede abordarse como una competencia meramente local, ya que el poder de policía ambiental corresponde al Estado provincial y existe legislación nacional específica que rige sobre esos bienes naturales.

Además, el Defensor cuestionó la falta de respuesta técnica a las objeciones formuladas por el Colegio de Arquitectos y a los planteos de organizaciones ambientales, como la Asociación Manekenk, que se manifestaron públicamente en contra de la ampliación del ejido urbano en los términos actuales. Según indicó, estas observaciones no han sido debidamente refutadas dentro del debate legislativo.

Finalmente, Bongiovanni sostuvo que la magnitud de los derechos comprometidos —ambiente, ordenamiento territorial y acceso equitativo a la ciudad— exige un proceso de discusión más amplio, participativo e informado. En ese marco, concluyó que el tratamiento actual del proyecto no alcanza el estándar mínimo de legitimidad democrática y reiteró su llamado a frenar el avance de la iniciativa hasta garantizar un debate adecuado.