“Habrá quienes interpreten de la manera que quieran o piensen distinto, pero los jueces aplicamos la Ley. En algunos procesos podemos morigerar determinadas consecuencias, pero en otros la aplicación de la norma es lo que garantiza la seguridad jurídica”, sostuvo la magistrada.
En declaraciones al programa Mañanas Diferentes, por FM Espectáculo 93.1, Battaini realizó un balance del año judicial y definió al 2025 como “un año muy difícil, pero muy productivo”, destacando el fortalecimiento institucional y la capacitación permanente como ejes centrales de la gestión.
“Volvimos a recuperar el ADN judicial, con una fuerte apuesta a la capacitación en múltiples temáticas. No solo hay cambios jurisprudenciales y legales, sino también sociales. Formamos parte de la comunidad y debemos estar atentos a esos cambios”, señaló.
En ese sentido, resaltó el crecimiento en la idoneidad de magistrados, funcionarios y empleados, aunque reconoció que el proceso de mejora es constante. “Siempre hay puntos pendientes y mucho por hacer. Nos autoevaluamos para detectar carencias, pero el balance general es positivo”, afirmó.
Battaini subrayó el trabajo desarrollado desde la Escuela Judicial, así como la participación en congresos y espacios interinstitucionales junto a otros poderes del Estado y organizaciones de la sociedad civil.
Además, destacó el compromiso del personal judicial: “No se ha notado una disminución de tareas. Nuestros magistrados y empleados cumplieron con sus funciones. Nunca tuvimos paros totales y trabajamos bien con los gremios para construir espacios superadores”.
En ese marco, valoró las acciones solidarias impulsadas desde el ámbito judicial, como los aportes al CAAD, y el cambio en la lógica de reclamos hacia iniciativas con impacto comunitario.
La presidenta del STJ remarcó que la mayoría de los cargos de funcionarios y magistrados fueron cubiertos, mediante concursos internos, recategorizaciones y regularización de situaciones pendientes. “Es un sistema dinámico, siempre hay movimientos, pero se logró equilibrar las necesidades de las distintas áreas”, explicó.
También destacó la apertura del acceso a la Justicia y las acciones de acercamiento territorial, como el trabajo iniciado en Puerto Almanza, para fortalecer el vínculo con la comunidad.
En materia administrativa, Battaini reconoció avances en la modernización tecnológica, aunque admitió que aún queda camino por recorrer. “Vamos avanzando con una mesa de trabajo integrada por el Superior Tribunal, la Asociación de Magistrados, gremios y colegios de abogados, para coordinar mejoras y lograr resultados concretos”, explicó.
Asimismo, puso en valor los espacios de interdisciplina y observatorios, el cumplimiento de los cupos de la Ley 48 y el trabajo articulado en temas sensibles como familia, abuso y violencia.
Consultada por los fueros con mayor actividad, Battaini advirtió que los casos penales y de violencia familiar continúan en aumento, lo que obliga a una profunda autoevaluación institucional. “Esto nos tiene que llevar a preguntarnos qué no estamos haciendo para prevenir. La prevención pasa cada vez más por lo cultural y el trabajo en red”, afirmó.
También se refirió al desafío de gestionar en un contexto de achicamiento del Estado, señalando que el crecimiento del conflicto social impacta directamente en el sistema judicial. “Estamos trabajando en estructuras futuras que permitan dar respuesta al volumen de causas”, indicó.
Finalmente, Battaini se refirió a la reforma del Código Penal y al sistema acusatorio, señalando que su implementación requiere recursos, infraestructura y capacitación. “Hoy nos falta presupuesto. Se necesitan fiscales, oficinas judiciales y procesos de sensibilización. Hay que trabajar con magistrados y gremios para generar una expectativa superadora”, expresó.
“Hay que avanzar. Casi todas las provincias ya lo implementaron, con distintos resultados, y esas experiencias nos sirven. Pero hacen falta condiciones reales para salir adelante”, concluyó.