Nación intervino el Puerto de Ushuaia: caída del mito provincial

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) dispuso la intervención por 12 meses, prorrogables, con el objetivo de regularizar y normalizar las condiciones de seguridad operativa, resolver deficiencias de infraestructura y garantizar la continuidad de la operación del puerto más austral del país, considerado estratégico para la actividad marítima, comercial y turística.

La decisión se tomó luego de que las autoridades nacionales constataran incumplimientos graves en la utilización de los fondos portuarios, que por convenio deben destinarse exclusivamente a la administración, operación, capacitación e inversión en infraestructura. Sin embargo, parte de esos ingresos fueron desviados para otros fines, lo que dejó a la terminal sin la inversión indispensable para su mantenimiento y mejoras, poniendo en riesgo la seguridad y la operatividad del muelle.

Según los informes técnicos, varios problemas estructurales y de seguridad —algunos advertidos por empresarios del sector y trabajadores del puerto, pero ignorados por las autoridades provinciales— se fueron acumulando hasta alcanzar un punto crítico. Entre las irregularidades se encuentran la falta de inversión en mantenimiento básico, la ausencia de obras necesarias y la desviación de recursos hacia otros usos, lo que contraviene las cláusulas del convenio de transferencia entre Nación y Provincia. 

Parte del conflicto se profundizó a partir de que la Ley provincial Nº 1.596, sancionada en julio de 2025, habilitó de forma excepcional el uso del superávit de la Dirección Provincial de Puertos para financiar a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), una decisión que la ANPYN interpreta como contraria a las obligaciones del manejo portuario y que agravó la falta de inversión. 

La intervención se da en un contexto donde informes previos ya habían señalado deficiencias significativas y donde el propio Gobierno provincial había negado la posibilidad de una intervención, calificando de “preliminares” las advertencias sobre el estado del puerto. 

La medida incluye la supervisión directa de la ANPYN sobre las operaciones, sin afectar las relaciones laborales vigentes ni el personal portuario, pero con el control técnico necesario para asegurar que se corrijan las fallas detectadas, se refuerce la seguridad operativa y se garantice el funcionamiento seguro y eficiente del puerto. 

El Puerto de Ushuaia no solo es una terminal logística clave para la región austral, sino también la puerta de entrada de cruceros y actividad comercial de importancia estratégica para el país. La intervención nacional tiene como objetivo evitar que la falta de inversión y la mala gestión provincial comprometan no solo su operación cotidiana, sino también el posicionamiento internacional de la ciudad y toda la economía fueguina. 

Esta inédita decisión pone sobre la mesa un debate que hasta ahora había sido negado por las autoridades locales y marca un punto de inflexión en la administración de uno de los activos más relevantes de Tierra del Fuego. La intervención busca blindar la infraestructura y garantizar que el Puerto de Ushuaia cumpla con estándares de seguridad, operatividad y sostenibilidad a largo plazo, en beneficio no solo de la provincia, sino de toda la cadena logística nacional.