La contratación prevé el alquiler de un local destinado a dependencias del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, con un canon mensual elevado y actualizaciones previstas durante la vigencia del contrato, lo que lleva el monto total a cifras que llaman la atención en el actual contexto económico de la Provincia.
La decisión se conoce en un momento particularmente sensible para la administración de Gustavo Melella. La Provincia enfrenta serias dificultades financieras, con problemas para sostener gastos corrientes, tensiones en el pago de obligaciones y una reciente reconfiguración completa del gabinete económico, que dejó expuesta la fragilidad de las cuentas públicas.
De acuerdo a la documentación oficial, el gasto no está vinculado a una obra de infraestructura ni a una inversión productiva, sino exclusivamente al alquiler de un inmueble para uso administrativo en la zona norte de la provincia. El expediente no detalla alternativas vinculadas al uso de edificios públicos existentes ni otras opciones de menor impacto presupuestario.
El desembolso genera interrogantes en un contexto donde el propio Gobierno provincial reconoció la falta de recursos y debió recurrir a gestiones ante Nación para garantizar el funcionamiento del Estado. Mientras tanto, distintas áreas continúan reclamando mayor presupuesto para sostener servicios esenciales.
La contratación del inmueble se suma así a una serie de decisiones administrativas que vuelven a poner bajo la lupa las prioridades del gasto público provincial en un escenario de crisis económica que afecta de manera directa a la población fueguina.