GENERALES | 10 ENE 2026
SIN RESULTADOS PERO
La Legislatura Provincial se aseguró $720 millones para sueldos
Mientras la sociedad fueguina aún procesa la renuncia del ministro de Economía, Francisco Devita, una resolución firmada días antes de su salida dejó expuestas, con crudeza, las prioridades del poder político provincial. Se trata de la Resolución M.E. N° 1095/25, mediante la cual se autorizó una reasignación presupuestaria por 720 millones de pesos para garantizar el pago de sueldos y haberes del Poder Legislativo, aun a costa del financiamiento de servicios esenciales del Estado.
La decisión fue adoptada el 17 de diciembre, con el ejercicio fiscal 2025 prácticamente cerrado. En los hechos, la maniobra trasladó fondos desde la partida de “Servicios No Personales” —destinada a limpieza, mantenimiento, alquileres, insumos y pagos a proveedores— hacia la partida de “Personal”, que cubre salarios y dietas de la Legislatura provincial.
La operatoria es técnicamente legal, pero políticamente contundente: los sueldos quedaron asegurados; los servicios, desfinanciados.
Blindaje político en tiempo de crisis
El contexto no es menor. Durante todo 2025, la Legislatura fueguina llevó adelante apenas cuatro sesiones ordinarias, no aprobó el Presupuesto provincial, y tampoco logró avanzar en soluciones estructurales para áreas críticas como Educación, Salud, la obra social estatal OSEF o el deterioro general de los servicios públicos.
Sin resultados visibles, sin herramientas nuevas y sin leyes fundamentales, el Poder Legislativo cerró el año con una sola certeza: sus ingresos estaban garantizados.
La reasignación de fondos se concretó, además, sin debate público ni control efectivo. Ejecutada sobre el final del ejercicio, la resolución se convirtió en un hecho consumado, lejos de cualquier posibilidad de revisión legislativa o escrutinio ciudadano.
Discursos que no cierran
El contraste con el discurso previo del propio Devita resulta llamativo. Meses atrás, el entonces ministro advertía que “no se podía comprometer el Tesoro Provincial”. Sin embargo, el Tesoro sí fue comprometido cuando se trató de blindar a la estructura política del Poder Legislativo antes de su renuncia.
El impacto de la medida tampoco se agota en 2025. Los sueldos reforzados con esta partida se pagan en enero de 2026, lo que implica que la nueva gestión heredará una presión financiera adicional, mientras que las deudas con proveedores de servicios quedarán como pasivo del Estado. Una situación que ya se refleja en atrasos y deudas con empleados públicos, tanto de planta como contratados.
Prioridades invertidas
En una provincia atravesada por la crisis económica, con hospitales desfinanciados, escuelas con problemas de infraestructura, una obra social en emergencia y trabajadores estatales con ingresos deteriorados, la reasignación de 720 millones de pesos hacia la política deja una pregunta incómoda pero inevitable:
¿Faltan recursos para sostener servicios básicos, pero sobran cuando se trata de garantizar sueldos del poder?
La resolución no es solo un trámite administrativo. Es una señal política. Marca el cierre de una gestión que eligió proteger a la Legislatura antes de irse, dejando a la ciudadanía con servicios recortados, proveedores sin cobrar y una herencia financiera que vuelve a caer sobre los fueguinos.
Mientras se habla de responsabilidad fiscal, los hechos cuentan otra historia: prioridades invertidas, decisiones de último momento y una política que se asegura a sí misma aun cuando el resto del Estado cruje.
