GENERALES | 14 ENE 2026
VETO DEL GOBIERNO
Regalías en disputa: el veto provincial vuelve a tensar la relación con los municipios
El Gobierno de Tierra del Fuego volvió a tensar al máximo la relación con los municipios al vetar la ley que redefinía el porcentaje de coparticipación de las regalías hidrocarburíferas, una norma que había sido aprobada por una amplia mayoría legislativa y que buscaba dar certeza y previsibilidad a los ingresos municipales en un contexto económico cada vez más restrictivo.
La iniciativa, respaldada por 11 de los 15 legisladores que integran la Legislatura fueguina, proponía una actualización en la distribución de los fondos provenientes de la explotación hidrocarburífera, un recurso estratégico para la provincia. Para los municipios de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin, la ley representaba una herramienta clave para ordenar presupuestos, garantizar el financiamiento de servicios esenciales y planificar obras públicas.
Sin embargo, el Ejecutivo provincial decidió avanzar con el veto, abriendo un nuevo frente de confrontación política e institucional. La decisión no solo dejó sin efecto una norma sancionada con amplio consenso parlamentario, sino que además volvió a poner en discusión el esquema de discrecionalidad en la administración de recursos que los municipios reclaman desde hace tiempo.
Desde el punto de vista político, el veto expone una fuerte tensión entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura, al desoír una ley que había logrado un respaldo transversal. Desde el plano económico, el impacto es directo: los municipios pierden una fuente de previsibilidad sobre ingresos que consideran propios y estratégicos, en momentos en que la caída de la recaudación y el aumento de los costos operativos presionan sobre las finanzas locales.
La norma vetada buscaba precisamente reducir la incertidumbre en torno a la liquidación de regalías, un ítem históricamente atravesado por diferencias de interpretación y reclamos cruzados entre Provincia y municipios. Con el veto, ese escenario vuelve a foja cero y obliga a reabrir una discusión que parecía saldada por la vía legislativa.
El movimiento del Ejecutivo fue leído en ámbitos políticos como un gesto de poder que profundiza el aislamiento del Gobierno provincial frente a intendentes y sectores de la oposición, y que anticipa un escenario de mayor conflictividad institucional. No se descarta que el tema vuelva a la Legislatura, donde los números permitirían insistir con la ley, aunque el camino político aparece hoy empinado.
Mientras tanto, los municipios quedan nuevamente a la espera de definiciones sobre recursos que consideran fundamentales para sostener políticas públicas locales, en un contexto donde cada decisión financiera impacta de lleno en la prestación de servicios, la obra pública y la estabilidad presupuestaria.
El veto no solo cerró el capítulo de una ley: abrió un nuevo conflicto en la disputa por el control y la distribución de los recursos en Tierra del Fuego, con consecuencias que aún están lejos de resolverse.
