El Gobierno posterga la quita de subsidios a la energía y gana tiempo para contener la inflación

La implementación del nuevo régimen, que originalmente iba a comenzar en enero, fue corrida para febrero, mientras que el efecto concreto en las facturas recién se sentiría a partir de marzo, según confirmaron fuentes oficiales. La razón formal es la demora en la publicación de los precios del gas y de la generación eléctrica por parte de la Secretaría de Energía, pasos indispensables para que el sistema entre en vigencia.

Sin embargo, puertas adentro del propio esquema económico, la lectura es otra: un aumento pleno de tarifas en enero habría presionado directamente sobre el índice de inflación, comprometiendo uno de los pocos indicadores que el Gobierno busca exhibir como logro de gestión.

Inflación contenida, costos diferidos

La decisión de aplazar la quita de subsidios permite dilatar el traslado de los costos reales de la energía a los hogares, evitando que el salto tarifario se refleje en los números oficiales del Indec en el corto plazo. No se trata de una marcha atrás, sino de una reprogramación estratégica: el ajuste sigue en pie, pero se aplica más adelante.

De este modo, el impacto social de la medida —mayores boletas de luz y gas— no desaparece, solo se posterga. La carga recaerá, como estaba previsto, sobre los usuarios, en especial sobre los sectores medios que quedarán fuera del esquema de subsidios focalizados.

Un nuevo sistema con menos cobertura

El nuevo régimen, establecido por el decreto 943, elimina el sistema de segmentación por niveles de ingresos vigente desde 2022 y lo reemplaza por un modelo simplificado de solo dos categorías:

• hogares con subsidio

• hogares que pagan el costo pleno de la energía

El acceso al beneficio quedará restringido a quienes tengan ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales, según los valores del Indec, dejando fuera a amplios sectores que, aunque no son considerados vulnerables en términos estadísticos, tampoco cuentan con margen económico para absorber aumentos significativos.

El esquema, denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), unifica criterios para electricidad, gas por redes, gas propano y garrafas, y deroga programas históricos como el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas, que deberán ser absorbidos por el nuevo sistema en un plazo de seis meses.

El ajuste llega después, pero llega

Mientras el Gobierno sostiene que el nuevo esquema busca eficiencia y racionalidad en el consumo, lo cierto es que la postergación confirma que el impacto tarifario es inflacionario y socialmente sensible. Por eso se difiere su aplicación: para evitar un golpe directo a los indicadores económicos y al humor social en pleno verano.

La ecuación es clara: se prioriza el control del índice de inflación, aun cuando eso implique patear hacia adelante un ajuste que recaerá sobre los hogares en los próximos meses. Cuando los subsidios finalmente se reduzcan, el efecto se sentirá en las boletas y en el bolsillo, especialmente en un escenario donde los ingresos siguen corriendo por detrás de los precios.

Por ahora, el Gobierno gana tiempo. Pero la quita de subsidios sigue en marcha, y con ella, un nuevo capítulo del ajuste energético que impactará de lleno en el acceso a los servicios básicos.