Martín Perez: “Río Grande ya perdió casi 2.000 puestos de trabajo por estas políticas”

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, expresó una fuerte preocupación por las consecuencias de la quita de aranceles a la importación de productos electrónicos, una medida dispuesta por el Gobierno nacional que comenzó a regir el pasado 15 de enero y que, según advirtió, golpea de manera directa al empleo, la producción y la estabilidad económica de la ciudad.
Durante una entrevista en Aire Libre FM, el jefe comunal fue categórico al analizar el decreto nacional y lo enmarcó dentro de un proceso más amplio:

“Esto forma parte de un plan de desmantelamiento de la industria fueguina que viene llevando adelante el gobierno de Javier Milei”, afirmó.

Un golpe directo al corazón productivo de Río Grande

Pérez recordó que Río Grande concentra cerca del 80% de la producción electrónica de Tierra del Fuego, por lo que cualquier modificación en el esquema de protección industrial impacta de manera inmediata en la vida cotidiana de la ciudad. En ese sentido, reveló un dato alarmante:

“Entre 2023 y la actualidad, nuestro complejo industrial perdió casi 2.000 puestos de trabajo”.

El intendente explicó que la quita de aranceles no actúa de manera aislada, sino que se suma a otras decisiones económicas nacionales que provocaron una fuerte caída del consumo en todo el país, afectando la producción local y profundizando un escenario de doble impacto: menos protección a la industria y menos demanda interna.

Importaciones sin control y competencia desigual

Uno de los puntos más críticos señalados por Pérez fue la asimetría en las condiciones de competencia. Mientras los productos fabricados en Río Grande continúan pagando impuestos internos, los celulares importados ingresarían con arancel cero, generando una competencia desleal que deja a la industria local en una posición claramente desfavorable.

“Un teléfono fabricado en Tierra del Fuego sigue pagando impuestos, mientras uno importado puede entrar sin arancel. Así es imposible competir”, advirtió.

Además, remarcó una paradoja central de la medida: no garantiza una baja real de precios ni la generación de empleo en otras regiones del país, ya que los celulares importados no se fabrican en Argentina.

Empleo, consumo y efecto dominó en la economía local

El intendente subrayó que cuando se resiente la industria electrónica, se paraliza toda la economía de la ciudad. Comercio, transporte, logística, emprendedores y trabajadores independientes sienten de inmediato la caída del poder de compra.

“Cuando se golpea a la industria, se resiente absolutamente toda la actividad. No es solo la fábrica: es el taxi, el remis, el comercio, los emprendedores. Es la vida diaria de Río Grande”, sostuvo.

Soberanía y mirada estratégica

Pérez también vinculó la decisión nacional con una mirada estratégica ausente sobre Tierra del Fuego, señalando que el desmantelamiento industrial no solo es económico, sino también geopolítico y de soberanía.

“Para quienes vivimos en Tierra del Fuego, la soberanía no es un concepto abstracto. Es una cuestión esencial”, afirmó, al tiempo que lamentó que desde Buenos Aires no se dimensione la importancia estratégica de la provincia.

Alternativas ignoradas

El jefe comunal cuestionó que el Gobierno nacional haya optado por la apertura indiscriminada de importaciones en lugar de medidas alternativas, como la reducción de impuestos internos para mejorar la competitividad de la producción local.

“Más del 30% del precio final de un celular son impuestos. Si realmente quieren bajar los precios, podrían empezar por ahí”, señaló.

Incertidumbre hacia el inicio del año productivo

De cara a la reapertura de las fábricas tras el receso de verano, Pérez expresó su inquietud por lo que pueda ocurrir en febrero:

“Esperamos que se pueda seguir trabajando normalmente, pero esta decisión inexorablemente va a golpear la capacidad productiva de nuestro complejo industrial”.

La advertencia del intendente deja en claro que la quita de aranceles no es una medida aislada, sino una decisión con consecuencias profundas para el empleo, la economía local y el futuro de Río Grande, en una provincia donde la industria no es solo un sector más, sino el pilar de la estabilidad social y laboral.