La eliminación de los aranceles a la importación de celulares fue presentada por el Gobierno nacional como la gran solución para bajar los precios de la tecnología en Argentina. El anuncio llegó acompañado de un mensaje claro: el problema era Tierra del Fuego y su régimen industrial. Sin embargo, los números empiezan a mostrar otra realidad. Aun sin aranceles, los celulares seguirán siendo sensiblemente más caros que en Chile o Estados Unidos, dejando al descubierto que el relato oficial no cierra… y que el problema nunca fue la industria fueguina.
Según estimaciones del propio mercado, incluso con arancel cero y con la reducción de impuestos internos, la baja real de precios oscilará entre un 30% y un 40%, muy lejos de equiparar valores internacionales. En la práctica, esto implica que los celulares en Argentina continuarán costando entre un 20% y un 60% más que en países vecinos o en mercados desarrollados.
Los datos son contundentes. Un iPhone de alta gama que en Estados Unidos ronda los 1.000 dólares, en Chile se consigue por valores cercanos a los 1.100 o 1.200 dólares, mientras que en Argentina —aun con la quita de aranceles— difícilmente baje de los 1.400 o 1.500 dólares. En algunos modelos, la brecha llega a duplicar el precio internacional.
Lo mismo ocurre con equipos de Samsung y otras marcas líderes: la eliminación del arancel no elimina los sobrecostos estructurales que hacen que el consumidor argentino siga pagando tecnología a precios desproporcionados.
La quita de aranceles dejó al desnudo una verdad incómoda para el Gobierno nacional:
el precio final de los celulares no estaba explicado únicamente por la producción fueguina.
Persisten factores clave que el oficialismo evita discutir:
Alta carga impositiva residual, aun después de las reducciones.
Costos logísticos y financieros elevados.
Distorsiones cambiarias y restricciones históricas.
Márgenes comerciales abusivos en la cadena de comercialización.
Falta de competencia real y controles efectivos.
Nada de esto se resuelve con atacar a Tierra del Fuego ni con desmantelar un esquema productivo que genera empleo, valor agregado y soberanía tecnológica en el extremo sur del país.
Durante meses, el Gobierno nacional sostuvo que la industria electrónica fueguina era la responsable de los precios altos. La quita de aranceles era, según ese discurso, la prueba final. Pero la realidad demuestra lo contrario: sin industria fueguina, los celulares siguen siendo caros.
La conclusión es inevitable:
- el problema no era Tierra del Fuego.
- el problema es un modelo económico que no ataca las verdaderas distorsiones del mercado argentino.
Mientras tanto, la decisión política sí tiene consecuencias concretas: pone en riesgo miles de puestos de trabajo, debilita la producción nacional y deja al consumidor exactamente donde estaba, pagando tecnología a precios internacionales… pero con salarios argentinos.
Lejos de ser una política pensada para el consumidor, la eliminación de aranceles aparece cada vez más como una decisión ideológica, funcional a un relato que necesitaba un enemigo interno. Hoy, los números demuestran que ese enemigo fue inventado.
La tecnología no se abaratá como se prometió.
La industria fueguina fue atacada.
Y el consumidor sigue pagando caro.