Ad honorem en los papeles, millonarios en los hechos: denuncian gastos irregulares en la Caja Previsional policial

El planteo fue difundido a través de un documento firmado por esposas, hijos, pensionados y familiares de efectivos retirados, en el que cuestionan decisiones adoptadas por la conducción de la Caja y por el Gobierno provincial, a las que consideran contradictorias e injustas en el actual contexto de déficit previsional.

El reclamo se origina en el Decreto Provincial N.º 1351/24, firmado el 4 de junio de 2024, mediante el cual se designó al Comisario General (R) Bordón como presidente del organismo, junto a los directores Guillermo Morgan, Carlos De Baz, Miguel Morínigo y Claudio Pérez, todos con aval de la Jefatura de Policía. Según remarcan los denunciantes, dichas designaciones fueron realizadas expresamente con carácter ad honorem, es decir, sin percepción de remuneración.

Sin embargo, el documento advierte que, en la práctica, esa condición no se estaría respetando. “Ad honorem implica ejercer una función sin cobrar sueldo alguno. No obstante, los informes oficiales reflejan erogaciones fijas bajo el concepto de gastos de representación, que en los hechos funcionarían como ingresos encubiertos”, sostienen.

Incluso señalan una irregularidad administrativa adicional: el decreto no designa formalmente a Guillermo Morgan como vicepresidente, pese a que ese cargo figura en el organigrama institucional.

Si bien la Ley Provincial N.º 1155 permite el reconocimiento de gastos de representación para los integrantes del directorio, los familiares cuestionan la magnitud de los montos informados ante la Legislatura y la falta de transparencia sobre su ejecución. “No se trata de negar gastos legítimos, sino de exigir que se explique con claridad cuándo, dónde y en qué se gastaron esos recursos, y que se exhiba la documentación respaldatoria”, remarcan.

La denuncia adquiere mayor gravedad al contrastarse con la situación financiera de la Caja. De acuerdo a lo expuesto por las propias autoridades, el organismo atraviesa un déficit que derivó en la suspensión del pago de haberes a 540 familias de policías retirados, mediante la Resolución N.º 148, bajo el argumento de que los beneficiarios cuentan con otros ingresos.

Para los denunciantes, esa decisión resulta “arbitraria y profundamente injusta”, ya que mientras se retienen pagos previsionales a quienes consideran más vulnerables, el directorio continúa percibiendo elevados gastos de representación, además de ingresos por retiros o funciones en actividad.

El documento plantea además la sospecha de que dichos gastos constituirían “sueldos no declarados”, y cuestiona que en los informes oficiales no se haga mención expresa a la deuda previsional acumulada con los 540 beneficiarios afectados.

“Se habla de equidad y de ordenamiento financiero, pero se omite deliberadamente a quienes esperan hace meses cobrar lo que les corresponde”, advierten, y exigen una auditoría exhaustiva y acceso público a toda la información vinculada al manejo de los fondos.

El texto cierra con una interpelación directa al directorio del organismo: “Si un cargo ad honorem implica ejercerlo por la honra y sin retribución, ¿dónde queda la honra cuando se priorizan gastos millonarios mientras cientos de familias siguen sin cobrar?”.

Hasta el momento, no hubo respuestas oficiales por parte de la Caja de Previsión ni del Gobierno provincial. Mientras tanto, el conflicto continúa abierto y no se descarta que el reclamo escale al plano judicial y político en las próximas semanas.