RIO GRANDE.- La sede de la calle Perito Moreno se transformó este martes en un escenario de reclamo desesperado. Un numeroso grupo de afiliados de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) irrumpió en las oficinas centrales para visibilizar una crisis que ya consideran insostenible. El clima de tensión fue en aumento desde las primeras horas de la mañana, cuando los manifestantes se encontraron con un edificio semivacío y la negativa de los funcionarios políticos a dar la cara frente a los reclamos por medicamentos y derivaciones pendientes.
La infraestructura del lugar agravó el malestar generalizado. Según se pudo constatar, la atención al público se encontraba suspendida debido a que el edificio carece de suministro de gas tras el retiro del medidor por parte de la empresa prestataria. Esta situación se originó en una avería en la caldera que no recibió reparación técnica a tiempo, lo que derivó en que la mayoría del personal administrativo fuera retirado de sus puestos, quedando en el interior solo un puñado de trabajadores bajo condiciones climáticas adversas.
El momento de mayor dramatismo se vivió cuando los afiliados notaron que los responsables políticos del organismo se habían atrincherado en los despachos internos. Solo tras el arribo del personal policial de la provincia y su posterior intervención para pacificar el ambiente, se logró quebrar el aislamiento de los funcionarios. En ese contexto, Guillermo Carreño, delegado de la OSEF, se puso al frente de la situación y salió al encuentro de los manifestantes para intentar canalizar la protesta que amenazaba con desbordar la capacidad de la guardia policial.
Carreño asumió el rol de mediador, aunque admitió ante los presentes que su capacidad de resolución inmediata es nula frente a las decisiones estructurales que dependen del directorio. El delegado recibió testimonios crudos de personas que padecen la falta de drogas oncológicas y tratamientos de alta complejidad. Pese a reconocer su esfuerzo humano por destrabar trámites individuales, el referente gremial no pudo garantizar soluciones definitivas, lo que generó indignación entre quienes le recriminaron la frialdad de las respuestas institucionales ante casos de riesgo de vida.
Ante la presión de los vecinos, el delegado Guillermo Carreño se comprometió a gestionar una reunión urgente con la cúpula de la obra social, mencionando específicamente a la presidenta Mariana Hruby y a los directores nacionales. Según los manifestantes, el delegado confesó inicialmente que ninguna autoridad le atendía el teléfono, aunque luego matizó sus dichos ante la presencia de cámaras, asegurando que buscaría programar un encuentro con todos los afectados para que sean escuchados por quienes tienen poder de decisión.
La asamblea de afiliados decidió mantener la vigilia y asentar por escrito cada uno de los expedientes frenados para que queden como prueba de la desidia administrativa. El grupo de vecinos advirtió que no se retirarán del conflicto hasta que se fije una fecha cierta de audiencia con el directorio en pleno. Aseguraron que la intención es "incomodar" permanentemente a los responsables jerárquicos para recordarles que su única obligación es garantizar la salud de los 60.000 fueguinos que dependen de la caja estatal.