RIO GRANDE.- La vuelta a las aulas en la provincia se encuentra bajo un manto de dudas tras el reciente reclamo del Sindicato Unificado de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF). La organización gremial formalizó ante las carteras de Trabajo y Educación un pedido para habilitar de manera inmediata la Mesa Paritaria, recordando que existe una promesa pendiente de la administración local.
Según detallaron desde el sindicato a través de sus canales de comunicación, el gobernador Gustavo Melella y el ministro Pablo López Silva se habían comprometido, durante una reunión celebrada el 19 de diciembre, a retomar el diálogo salarial durante los últimos quince días de enero. No obstante, el gremio asegura que todavía no han recibido ninguna notificación para sentarse a negociar, lo que genera malestar en las bases.
La urgencia del pedido radica en una agenda de temas que el SUTEF considera impostergables. Entre los puntos principales aparecen el reclamo por el incumplimiento del acta salarial previa, la necesidad de recomponer el poder de compra de los haberes y la fijación de un Salario Mínimo, Vital y Móvil acorde a la inflación. Asimismo, buscan avanzar en un esquema de desendeudamiento para los trabajadores y en el debate sobre la ley de Financiamiento Educativo.
Un reclamo conjunto con otras provincias
En paralelo, la dirigencia local encabezada por Horacio Catena participó de un nuevo plenario del Frente Nacional Democrático por la Educación Pública. En ese espacio confluyeron representantes de diversas provincias como Chaco, Formosa, Misiones y Jujuy, junto a seccionales bonaerenses y organizaciones de CABA, Mendoza y Córdoba, con el objetivo de consolidar un frente de unidad contra las políticas de ajuste que afectan al sector.
Durante el encuentro nacional se ratificó la intención de unificar los reclamos bajo un programa común que asegure el acceso a las necesidades básicas que establece la Constitución Nacional. Los referentes de cada jurisdicción presentaron informes que coinciden en un diagnóstico alarmante, donde el alto endeudamiento de las familias docentes aparece como un denominador común que requiere soluciones colectivas y planes de alivio financiero.
Finalmente, el plenario también puso la lupa sobre el desfinanciamiento de la educación pública y técnica frente al sostenimiento de los subsidios a la educación privada. En este contexto, se sumó al debate la propuesta de la Corriente Nacional Docente 9 de abril para solicitar que se declare la inconstitucionalidad de la reforma laboral del gobierno de Javier Milei, bajo el argumento de que la misma vulnera derechos históricos de los trabajadores.