ATE denunció un “atropello” durante la intervención del Puerto de Ushuaia

Según explicó el dirigente sindical en declaraciones radiales (en AIRE LIBRE), la medida se ejecutó sin garantizar la continuidad laboral de los empleados y dejó a numerosos trabajadores “a la deriva”, pese a que la discusión por la administración del puerto es de carácter político y judicial, y no debería afectar el normal cumplimiento de las tareas.

“Que la intervención sea del Gobierno Nacional no significa que los compañeros no tengan que estar en sus puestos de trabajo. La acción política se tiene que discutir por otro lado”, remarcó Córdoba.

Desde ATE señalaron que la situación no fue sorpresiva, ya que en los días previos se habían advertido movimientos y reuniones entre representantes del Gobierno Nacional y sectores gremiales ajenos a la actividad portuaria. En ese sentido, Córdoba cuestionó la presencia de un gremio ferroviario —sin competencia directa en el puerto— que habría acompañado el proceso de intervención.

“Vinieron, se juntaron con gente del Gobierno Nacional, hicieron lo que dijeron que iban a hacer. Esto se parece demasiado a prácticas de otras épocas, donde se desplazaba a los trabajadores y después se avanzaba sin controles”, denunció el dirigente.

ATE sostiene que en el Puerto de Ushuaia se desempeñan alrededor de 163 trabajadores, de los cuales entre 120 y 130 pertenecen al gremio, y advirtió que la decisión de impedir el ingreso laboral vulnera derechos básicos y pone en riesgo la estabilidad de las familias que dependen de esa fuente de trabajo.

Desde el sindicato anticiparon que no permanecerán pasivos ante esta situación. Córdoba confirmó que ATE ya inició gestiones ante el Ministerio de Trabajo, mantiene contacto con la conducción nacional del gremio y analiza acciones legales junto a sus abogados.

“ATE está decidida a pelear en todos los campos. Vamos a defender a los trabajadores y su derecho a trabajar. No vamos a aceptar que se los saque del puerto como si fueran un problema”, afirmó.

La intervención del Puerto de Ushuaia abre así un nuevo frente de conflicto político, institucional y gremial, con fuerte impacto en los trabajadores y en una infraestructura estratégica para la provincia, mientras se esperan definiciones oficiales y posibles medidas de fuerza en las próximas horas.