Tal como se había anunciado previamente, la actual concejal de FORJA, Lucía Rossi, sería quien asuma la conducción del ministerio, en un contexto complejo y atravesado por fuertes tensiones financieras y sociales.
El texto administrativo que formaliza la salida de Chapperón se limita a agradecerle a la funcionaria “los valiosos servicios prestados a la Provincia”, sin hacer mención al delicado estado en el que queda la cartera que deja, particularmente en relación con la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF).
Al momento de su salida, el Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia deja una deuda exigible con OSEF que supera los $6.394 millones, una cifra que grafica con claridad la magnitud del problema financiero heredado y que impacta de manera directa en el funcionamiento de la obra social estatal.
Ese pasivo corresponde, en gran parte, a aportes y obligaciones no transferidas, generadas durante el último tramo de su gestión, y se suma a un escenario ya crítico para OSEF, que arrastra dificultades para cumplir en tiempo y forma con prestadores, farmacias y servicios esenciales para los afiliados.
La salida de Chapperón también se produce luego de un período marcado por cuestionamientos al manejo de políticas sociales sensibles, especialmente en el área de discapacidad. En los últimos meses de su gestión se registraron bajas y recortes en ayudas vinculadas al régimen RUPE, generando reclamos de familias y organizaciones que advirtieron un achique en las respuestas del Estado en uno de los sectores más vulnerables.
Estas decisiones, sumadas a la falta de certezas presupuestarias, profundizaron el malestar social y dejaron un escenario de alta conflictividad para la nueva conducción del ministerio.
Con la asunción de Lucía Rossi, el Ejecutivo provincial apuesta a recomponer una cartera clave, que deberá enfrentar de manera inmediata el ordenamiento financiero, la recomposición del vínculo con OSEF y la revisión de las políticas de asistencia social que quedaron bajo cuestionamiento.
La salida de Chapperón, luego de varios años en distintas áreas del Gabinete, cierra una etapa que deja más interrogantes que balances, con números en rojo, compromisos pendientes y una agenda social que exige respuestas urgentes.