Puerto de Ushuaia: Nación intervino, tomó la caja y dejó a la Provincia afuera

No existe un interventor designado en Ushuaia, ni representación alguna de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) en la ciudad. Toda la conducción administrativa quedó centralizada en Buenos Aires, bajo la órbita directa de su director ejecutivo, Iñaki Arreizzegor, quien figura como firmante de la resolución.

Sin interventor en la provincia y con decisiones a 3.000 kilómetros

Así lo confirmó el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, quien explicó en una nota en Radio Provincia, que toda gestión administrativa debe realizarse ante Nación, sin interlocutores locales.

“No hay nadie designado acá. No hay interventor presente. Cualquier permiso, habilitación o trámite hay que gestionarlo en Buenos Aires”, señaló.

La situación genera un vacío operativo inédito en uno de los puertos más importantes del país, justo en plena temporada alta, con arribo constante de cruceros internacionales, buques comerciales y actividad logística permanente.

El puerto funciona, pero la Provincia quedó afuera

Según Murcia, el muelle y la operatoria portuaria funcionan con normalidad, desmintiendo que existan riesgos inmediatos en materia de seguridad o infraestructura.

“El muelle está funcionando perfectamente. El problema no es técnico ni operativo”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que el verdadero cambio fue económico: desde el inicio de la intervención, la Provincia dejó de facturar y Nación tomó el control total de los ingresos que genera el puerto.

“Lo que cambió fue la caja. Hoy los ingresos los cobra Nación. Nosotros ya no facturamos”, afirmó.

Incluso denunció que facturación previa a la intervención quedó retenida, ya que la documentación necesaria permanece dentro del puerto y las autoridades provinciales no pueden acceder a ella.

Trabajadores, funcionarios y prestadores sin acceso

La intervención también impactó de lleno en el personal. El Puerto de Ushuaia cuenta con 164 empleados de planta, muchos de los cuales no pudieron ingresar a su lugar de trabajo tras la toma de control nacional.

La situación se extiende a empresas privadas y prestadores de servicios, que quedaron sujetos a habilitaciones discrecionales por parte de la ANPYN.

“Hoy manejan quién entra y quién no entra. Incluso al personal propio de la Dirección Provincial de Puertos no lo dejan ingresar”, denunció Murcia.

Nación interviene lo que ella misma inspeccionó

Uno de los puntos más controvertidos es que los organismos nacionales que hoy intervienen el puerto son los mismos que participaron en el diseño, licitación e inspección de obras clave, como la ampliación del muelle.

La Administración General de Puertos (AGP) —hoy en liquidación y antecesora directa de la ANPYN— elaboró pliegos, supervisó obras y realizó controles técnicos durante años.

“Vinieron a inspeccionar algo que ellos mismos proyectaron, licitaron y controlaron”, cuestionó Murcia, quien además recordó que la Provincia financió traslados, viáticos y estadías de esos técnicos nacionales.

Presentaciones administrativas y judiciales en marcha

Desde el Gobierno provincial aseguran que todos los requerimientos administrativos fueron respondidos en tiempo y forma, incluso antes de los plazos legales, y que actualmente se encuentran impugnando formalmente la resolución de intervención.

“Contestamos todo. Ahora estamos actuando tanto en el plano administrativo como judicial para recuperar lo que es de la Provincia”, indicó el titular de Puertos.

Un conflicto que excede lo técnico

Más allá de los argumentos formales, desde la conducción provincial no ocultan que la intervención tiene un fuerte trasfondo político y se inscribe en una disputa de poder sobre un activo estratégico.

Murcia no descartó que el avance nacional sobre el puerto esté vinculado a intereses geopolíticos, la proyección antártica y el rol de Ushuaia en el esquema logístico internacional.

“Todo esto tiene un tinte político. No es solo una discusión administrativa”, sostuvo.