Soledad política: ningún gobernador salió en respaldo de Melella tras la intervención del Puerto

A diferencia de otras agendas compartidas y posicionamientos colectivos, la intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno nacional dejó en evidencia un llamativo silencio político por parte de los gobernadores del país. Hasta el momento, ningún mandatario provincial expresó públicamente su respaldo al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, frente a una decisión que impacta de lleno en la autonomía administrativa y operativa de la provincia más austral.

La medida, ejecutada el pasado 21 de enero por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), implicó el desplazamiento de la administración provincial del puerto fueguino. La resolución fue duramente cuestionada por el Ejecutivo fueguino, que la calificó como un “avasallamiento a la autonomía provincial” y una acción carente de fundamentos técnicos y operativos. Sin embargo, ese planteo no encontró eco en el resto de las provincias.

El silencio resulta aún más significativo en un contexto de intensa actividad política entre gobernadores, con reuniones frecuentes y declaraciones conjuntas vinculadas a reclamos por fondos, obras públicas, coparticipación y reformas impulsadas por la Casa Rosada. En este caso, la agenda federal pareció fragmentarse, dejando a Tierra del Fuego sin acompañamiento explícito en un conflicto de fuerte contenido institucional.

Análisis políticos coinciden en que muchos mandatarios provinciales se encuentran concentrados en negociaciones propias con el Gobierno nacional, lo que podría explicar —aunque no justificar— la falta de pronunciamientos. Aun así, la ausencia de respaldo contrasta con otros episodios recientes en los que los gobernadores lograron articular posiciones comunes pese a diferencias partidarias.

Gustavo Melella fue uno de los pocos dirigentes que enfrentó la decisión nacional de manera directa y pública. El gobernador sostuvo que “no existe una justificación objetiva” para la intervención y remarcó que el puerto funcionaba con normalidad, tanto en lo operativo como en lo económico. En esa línea, el Gobierno provincial difundió un documento con cinco puntos donde detalló el movimiento de la temporada de cruceros, la actividad logística y el cumplimiento de los estándares exigidos, reforzando la idea de que la intervención responde a intereses ajenos a la gestión portuaria.

La falta de acompañamiento del resto de los gobernadores abre interrogantes sobre el estado del federalismo argentino y la capacidad de las provincias para reaccionar de manera coordinada ante decisiones unilaterales de Nación. En un país donde la defensa de la autonomía provincial suele ser un eje discursivo común, el silencio frente a la intervención del Puerto de Ushuaia marca una excepción elocuente.

Mientras el Gobierno fueguino insiste en la necesidad de dar el debate en términos institucionales y de soberanía, la ausencia de apoyos públicos deja a Tierra del Fuego en una posición de aislamiento político y refuerza la complejidad de un conflicto que, por ahora, no logró trascender el plano local para convertirse en una causa federal compartida.