La crisis financiera del Estado provincial empieza a trasladarse de manera directa a las ciudades. Con una resolución firmada por el nuevo ministro de Economía y conocida en la jornada de ayer, el Gobierno de Gustavo Melella dispuso una quita de recursos que afecta de lleno a los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, reduciendo los fondos que reciben por coparticipación.
La medida incrementa del 7% al 8,75% el porcentaje de los ingresos brutos provinciales destinado al Fondo de Prestaciones Prioritarias, un ajuste que se aplicará de forma directa antes de la distribución secundaria, es decir, antes de que los recursos lleguen a las arcas municipales. En términos simples, la Provincia se queda con una porción mayor de la recaudación y transfiere el costo a las ciudades.
Un recorte sin diálogo y con impacto inmediato
La resolución establece que el aumento del fondo se hará efectivo a partir de la liquidación de coparticipación correspondiente a febrero de 2026, sin instancias previas de diálogo con los municipios ni acuerdos políticos que amortigüen el impacto de la decisión. Se trata de una medida unilateral que vuelve a tensar la relación entre el Ejecutivo provincial y los gobiernos locales.
Desde el punto de vista financiero, restar recursos a los municipios implica asfixiar la capacidad de gestión de las ciudades, que ya enfrentan serias dificultades para sostener servicios esenciales como salud municipal, asistencia social, mantenimiento urbano, obras públicas, transporte y programas comunitarios.
Cuando la Provincia se queda con más, las ciudades hacen menos
La coparticipación no es un “extra”: es el corazón del financiamiento municipal. Cada punto que se retrae desde la Provincia significa menos presupuesto para pagar salarios, mantener edificios públicos, sostener instituciones sociales, asistir a sectores vulnerables y responder a emergencias cotidianas.
Este tipo de decisiones no impacta en una planilla contable abstracta, sino en la vida diaria de los vecinos. Menos recursos para los municipios se traduce en menos servicios, menos respuestas y más conflictos locales, especialmente en un contexto económico ya golpeado por la inflación y la caída de la actividad.
Un Estado provincial desordenado que traslada el costo
El argumento oficial sostiene que el incremento del Fondo de Prestaciones Prioritarias busca afrontar la suba del precio del GLP y sostener el abastecimiento ante el congelamiento de aportes nacionales. Sin embargo, lejos de mostrar una política de ordenamiento interno, la decisión confirma una lógica ya conocida: el Gobierno provincial busca financiar su desordenada gestión avanzando sobre los recursos que corresponden a las ciudades.
En lugar de ajustar estructuras propias, revisar gastos o generar consensos, la Provincia opta por meter mano en la coparticipación municipal, generando una nueva disputa política e institucional en Tierra del Fuego.
Un escenario de conflicto abierto
La resolución profundiza el malestar entre los municipios y deja abierta una etapa de mayor conflictividad política. Ushuaia, Río Grande y Tolhuin quedan ahora frente al desafío de sostener sus funciones con menos recursos, mientras el Gobierno provincial centraliza fondos para cubrir déficits que no logra resolver.
Una vez más, la gestión de Gustavo Melella elige el camino del ajuste hacia abajo: menos Provincia eficiente y más presión sobre los gobiernos locales. El resultado es previsible: instituciones debilitadas, ciudades ahogadas financieramente y vecinos que terminan pagando el costo de una administración provincial que no encuentra rumbo.