La Provincia fue a la Justicia para que se declare inconstitucional la intervención

El conflicto entre Tierra del Fuego y el Estado nacional por la intervención del puerto provincial sumó un nuevo capítulo judicial. El Gobierno fueguino confirmó que avanzó con una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Justicia Federal, en rechazo al acto administrativo que dispuso la suspensión de la habilitación y la intervención integral del puerto por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).

La presentación judicial implica además un costo de 60.000 dólares en honorarios profesionales, que serán abonados en tres tramos, correspondientes a la contratación de un estudio jurídico nacional especializado en derecho constitucional y federalismo, según confirmó el propio Ejecutivo provincial.

En declaraciones a Radio Provincia, el secretario Legal y Técnico de Gobierno, Emiliano Fossatto, explicó que la Provincia decidió avanzar en dos frentes simultáneos. “La defensa se lleva adelante por un lado en el ámbito administrativo, dentro del expediente que surge de la inspección de la ANPYN, y por otro lado con una acción judicial federal sobre el mismo acto que determinó la intervención”, detalló.

“Nos impiden ejercer el rol para el cual fuimos designados”

Fossatto sostuvo que el núcleo del planteo provincial radica en la afectación directa a la autonomía fueguina y al convenio de transferencia firmado oportunamente entre Nación y Provincia. “Solicitamos el cese definitivo de los efectos de este acto porque hoy las autoridades provinciales no pueden ejercer su rol efectivo”, afirmó.

“Este acto administrativo nos impide administrar, explotar económicamente y percibir los recursos que derivan de la actividad portuaria, algo que le corresponde a la Provincia”, remarcó el funcionario durante la entrevista radial.

Recursos provinciales bajo control nacional

Uno de los puntos más sensibles del conflicto es el manejo de los fondos generados por la actividad del puerto. Fossatto denunció que, tras la intervención, Nación comenzó a percibir directamente esos ingresos.

“Toda la actividad que se genera en el muelle comercial produce recursos que son parte de la provincia de Tierra del Fuego”, señaló. Y agregó: “Una de las primeras medidas de la intervención fue notificar una cuenta bancaria para que allí se transfieran los depósitos por los servicios portuarios. Esa renta es provincial”.

En ese marco, advirtió que “no tenemos conocimiento de cuánto se está recaudando ni de cómo se están invirtiendo esos fondos”, lo que —según explicó— afecta el sistema presupuestario y los órganos de control provinciales.

“La intervención es totalmente desproporcionada”

Durante la entrevista en Radio Provincia, Fossatto cuestionó con dureza la decisión de la ANPYN y aseguró que la medida carece de proporcionalidad. “Es una sanción desmedida frente a los carriles administrativos previos que tenía la Agencia para ejercer su rol de contralor”, afirmó.

“Si había observaciones sobre inversión en seguridad portuaria, la Agencia podía controlar cómo se invertían los recursos, pero no quedarse con ellos ni intervenir integralmente el puerto”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que “no están acreditados los hechos que justifiquen una intervención de esta magnitud” y cuestionó que el acto administrativo “se apoya en un decreto reglamentario que ni siquiera establece cómo debe desarrollarse una intervención”.

Pedido de cautelar urgente

El Gobierno provincial solicitó además una medida cautelar urgente para suspender los efectos del acto mientras se analiza el fondo de la cuestión. “Con el correr de los días se está generando un detrimento total a la autonomía provincial”, alertó Fossatto.

“El interés público también se garantiza retrotrayendo la situación al estado previo a la intervención”, afirmó, en respuesta a los argumentos nacionales que justifican la medida en la defensa de ese interés.

Empleados, bienes y seguridad jurídica

Respecto a la situación de los trabajadores portuarios, el secretario Legal y Técnico llevó tranquilidad. “El Gobierno provincial está garantizando la seguridad jurídica de los puestos laborales de aquellos agentes que hoy no pueden ingresar a prestar servicios”, aseguró.

También confirmó que se realizaron presentaciones formales por el uso de bienes provinciales. “Esos bienes son de dominio de la Provincia y hoy están siendo utilizados por Nación. Consideramos que hay un uso abusivo”, advirtió.

“No hay antecedentes de una intervención así”

Finalmente, Fossatto subrayó la gravedad institucional del caso. “No existen antecedentes de una intervención de este tipo en otros puertos del país, ni siquiera en situaciones extremadamente graves”, sostuvo.

“La medida vulnera la autonomía provincial, el régimen federal y el principio de lealtad federal. Por eso entendemos que es inconstitucional y pedimos que la Justicia lo resuelva con urgencia”, concluyó.