Aciar: “Se pagaron 60 mil dólares por una demanda que ni siquiera cumplía requisitos básicos”

En diálogo radial con FM Provincia, Aciar sostuvo que la Provincia habría desembolsado alrededor de 60 mil dólares —unos 90 millones de pesos al valor actual— para contratar un estudio jurídico privado, a pesar de que, según remarcó, la representación legal del Estado provincial corresponde por ley al Fiscal de Estado.

“El Gobierno debería explicar por qué gastó dinero público en contratar abogados cuando esta demanda debía haber sido impulsada por el Fiscal de Estado”, afirmó el letrado, al tiempo que advirtió que la contratación externa no estaría justificada ni permitida por la normativa vigente.

En ese sentido, Aciar recordó que la Ley Provincial 1015 de Contrataciones establece que el Estado no puede contratar abogados externos cuando cuenta con profesionales capacitados dentro de su propia estructura, salvo en casos excepcionales de alta especialización. “Estamos ante una cuestión netamente de derecho administrativo, materia en la que los abogados del Estado están plenamente capacitados”, explicó.

El abogado fue aún más crítico al señalar que el resultado de la presentación judicial fue, hasta el momento, “totalmente deficitario”, en referencia a la resolución del Juzgado Federal de Ushuaia que observó múltiples falencias formales en la demanda presentada por la Provincia.

Entre ellas, mencionó la falta de acreditación de la competencia del fuero federal —dado que podría tratarse de una causa de competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— y la ausencia de intervención del Fiscal de Estado. También remarcó como un error grave que el abogado patrocinante no contara con matrícula federal habilitante, requisito indispensable para litigar en ese ámbito.

“Esto es básico, lo sabe cualquier estudiante de segundo año de Derecho. Se gastó una suma millonaria en una presentación que no cumplió requisitos elementales”, sostuvo Aciar, quien calificó la situación como “poco seria” y “lastimosa” desde el punto de vista institucional.

Finalmente, el letrado advirtió que la contratación podría incluso derivar en responsabilidades legales para los funcionarios intervinientes. “Hay indicios que podrían configurar abuso de autoridad, malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario”, afirmó, y no descartó la posibilidad de impulsar acciones judiciales para que se investigue el uso de los fondos públicos.

Mientras tanto, la intervención del Puerto de Ushuaia continúa vigente y la definición de fondo del reclamo provincial permanece, por ahora, en suspenso.