Murcia defendió la operatoria del puerto, pero evitó referirse a las irregularidades que motivaron la intervención

“Estamos acá con todo el personal de la Dirección Provincial de Puertos, poniendo de manifiesto que el puerto está funcionando exactamente de la misma forma que hasta las 23:59 del día 20”, sostuvo Murcia, en alusión al momento previo a que la Nación tomara control de la terminal.

El ex funcionario remarcó en JCA Noticias, que la Provincia se encuentra dentro de los plazos administrativos para responder a las observaciones realizadas por los organismos nacionales. “Estamos en los plazos de contestar las observaciones y esperando los tiempos administrativos que otorgó el juez para que se expida la Fiscalía”, señaló, sin precisar cuáles son esas observaciones ni responder sobre los cuestionamientos vinculados al uso de fondos y al estado de la infraestructura.

Consultado sobre contactos políticos a nivel nacional, Murcia afirmó no tener novedades en ese sentido, aunque aseguró haber recibido respaldo desde otros puntos del país. “He recibido manifestaciones de todos los puertos de la República Argentina, expresando su preocupación por las medidas que tomó el Gobierno nacional”, indicó.

En relación a la movilización gremial prevista, el ex titular del puerto avaló la participación de los trabajadores, insistiendo en el reclamo de que la administración vuelva al ámbito provincial. “Me parece muy bien que los trabajadores acompañen para que este puerto, que es de la provincia de Tierra del Fuego, vuelva a las manos que corresponden”, expresó.

Finalmente, Murcia cuestionó la información que circula en redes sociales sobre la situación del puerto. “Que se dejen de ventilar mentiras en las redes, porque cualquiera que camine por la calle puede ver cómo está el puerto en movimiento”, afirmó.

Sin embargo, más allá de su defensa pública, las declaraciones no abordaron los puntos centrales que motivaron la intervención: los presuntos desvíos de fondos, la baja inversión en mantenimiento y las deficiencias de seguridad e infraestructura señaladas por las auditorías nacionales. Mientras tanto, la intervención sigue vigente y el futuro de la administración portuaria continúa siendo motivo de disputa política, judicial y gremial.