Según los nuevos valores, la jubilación mínima quedará en $359.219,42, lo que representa un incremento nominal de apenas $9.817,84 respecto a enero de 2026, cuando ese haber fue de $349.401,58.
Para los jubilados de menores ingresos, el ingreso puede totalizar $429.219,42 si se incluye el bono extraordinario de $70.000 que sigue vigente para los haberes más bajos. Sin embargo, el alza real de los ingresos sigue siendo cuestionada por sectores previsionales y defensores de adultos mayores, quienes advirtieron que el ajuste apenas compensa una fracción de la inflación acumulada y deja en evidencia la pérdida de poder de compra de los jubilados con menores recursos.
Además de la mínima, las pensiones y asignaciones también se actualizan:
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $287.375,54 y con bono alcanzará $357.375,54.
Las pensiones no contributivas pasarán a $251.453,59 y con bono a $321.453,59.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) quedará en $129.082,71 y la Asignación por Embarazo (AUE) en $121.818,42.
La AUH por discapacidad llegará a $420.312,22.
La actualización de febrero se basa en un aumento de 2,84% de las prestaciones, aplicado automáticamente en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, difundido por el INDEC. No obstante, pese al ajuste, la mejora real continúa siendo modesta frente a una inflación que acumuló fuertes incrementos durante 2025, algo que en la práctica erosiona el poder adquisitivo de los haberes previsionales.
Comparando enero con febrero, la suba nominal en la jubilación mínima de alrededor de $9.800 puede resultar simbólica frente a los gastos cotidianos que enfrentan las personas mayores, principalmente en servicios básicos, alimentos y medicamentos. Aunque el bono de $70.000 sigue siendo un alivio importante para quienes perciben los haberes más bajos, su carácter extraordinario y no absorbible por la movilidad —es decir, que no se integra al haber para futuros ajustes automáticos— limita su impacto real sostenido en el tiempo.
Especialistas en políticas previsionales y defensa de derechos de jubilados han señalado que, aun con aumentos regulares como el de febrero, la brecha entre inflación y crecimiento real de los haberes persiste, dejando a muchos beneficiarios en una situación económica vulnerable. La principal crítica se concentra en que incrementos de este tipo no resultan suficientes para compensar el aumento de los costos de vida, sobre todo para las prestaciones más bajas.
Desde abril de 2024, las jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizan mensualmente en función de la variación del IPC de dos meses atrás, como parte de un esquema de movilidad más ágil que busca reducir el desfase entre precios y haberes.
Este mecanismo fue implementado con la intención de que las prestaciones acompañen de manera más directa la inflación, pero la realidad de los primeros meses de aplicación evidencia que la actualización automática sigue quedando muy detrás de los aumentos de precios en rubros esenciales, según coincidieron diversas entidades de la sociedad civil.
Organizaciones que representan a jubilados y sectores sociales han manifestado su preocupación por el bajo nivel de los aumentos reales, particularmente para quienes dependerán en mayor medida del haber mínimo y del bono para llegar a fin de mes. La sensación generalizada es que, más allá de la cifra nominal, el ajuste no compensa efectivamente el ritmo de suba de los precios.