Contrataciones externas, fondos desviados y riesgo de quebranto: el análisis de Raúl Aciar

La situación del puerto de Ushuaia quedó en el centro del debate jurídico y político tras la resolución de un juez federal que solicitó subsanar falencias formales en la presentación realizada por la provincia. Para Aciar, este episodio no es un hecho aislado, sino la manifestación de una falta de pericia técnica y de una gestión administrativa deficiente.

Uno de los puntos más cuestionados por el letrado fue la contratación de estudios jurídicos externos por parte del Estado provincial, una práctica que, según explicó, colisiona directamente con la Ley de Contrataciones Públicas (Ley 1015). “El Estado tiene sus propios asesores; si se trata de una cuestión propia de los asesores que tiene, le está vedado poder contratar con un asesor externo. Esto es de sentido común”, sostuvo en FM Ártika.

En ese marco, Aciar puso especial énfasis en la ausencia del Fiscal de Estado en un conflicto de tamaña relevancia institucional, recordando que es el representante natural de la provincia en litigios administrativos. Según advirtió, la delegación de estas funciones en estudios privados podría derivar en figuras penales como abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de caudales públicos. “Encima que se gastan millones de pesos pudiendo hacer esto el Fiscal de Estado, que sería gratuito, se incurre en este tipo de irregularidades”, remarcó.

El conflicto portuario y los compromisos incumplidos

Respecto al trasfondo del conflicto por el puerto de Ushuaia, Aciar señaló que la intervención nacional se vincula con el incumplimiento de los convenios de transferencia firmados en 1992, mediante los cuales la provincia se comprometía a reinvertir el superávit portuario en infraestructura propia. Sin embargo, la sanción de una ley provincial que habilita el uso de esos fondos para gastos corrientes o para la obra social estatal habría alterado la naturaleza del acuerdo con la Nación.

“Nosotros hemos hecho una ley para no cumplir esa obligación. Esto es bastante extremo”, afirmó el abogado, descartando que se trate de un avasallamiento a la autonomía provincial.

Según datos mencionados durante la entrevista, cerca de 4.000 millones de pesos habrían sido transferidos desde el puerto al Ministerio de Economía provincial, mientras el gobierno solicitaba adelantos de coparticipación y tomaba deuda para afrontar el pago de salarios. Para Aciar, esta situación refleja un profundo desorden administrativo que expone a la provincia a una crisis mayor.

Instituciones debilitadas y señales de alerta

El análisis también alcanzó al funcionamiento de los organismos de control, como el Tribunal de Cuentas, cuya falta de intervención previa fue duramente cuestionada. Aciar calificó como “patética” la actitud de una provincia que legisla para eludir compromisos asumidos, y advirtió que la acumulación de irregularidades podría derivar en escenarios institucionales más graves.

Consultado sobre la posibilidad de un juicio político al gobernador, el abogado fue prudente pero categórico: “Nadie hace un juicio político por zonceras. Tiene que haber motivos concretos y consistentes. Si las causales están apareciendo y la provincia está desfinanciada, no sé hasta cuándo va a durar esto”.

En ese sentido, describió a Tierra del Fuego como una provincia “muy cercana al quebranto económico”, obligada a recurrir de manera constante al endeudamiento para cumplir con obligaciones básicas como el pago de sueldos.

Impacto en el turismo y empresas estatales cuestionadas

Finalmente, Aciar se refirió al impacto que este escenario genera sobre el turismo, principal motor económico de Ushuaia. En plena temporada de cruceros, sostuvo que los conflictos administrativos y la intervención del puerto dañan la imagen internacional del destino. “Vendemos servicios turísticos y cometemos errores que generan conflictividad. El turismo es internacional y si un lugar es percibido como inestable, el mercado se resiente”, explicó.

También cuestionó la proliferación de empresas estatales como Terra Ignis o el Laboratorio del Fin del Mundo, poniendo en duda su eficiencia y la transparencia de sus auditorías. Para el abogado, estas sociedades deberían ser evaluadas en función de los resultados concretos que generan. “La pregunta es si produjeron riqueza. Si no, el sentido parece ser simplemente perder plata”, concluyó, aludiendo a una falta de efectividad general en la gestión pública provincial.