Reforma laboral, impuestos y poder territorial: la pulseada del Gobierno con los gobernadores

La principal alarma se encendió por la propuesta de rebajar el Impuesto a las Ganancias que pagan las empresas. El proyecto oficial establece una reducción de la alícuota del 35% al 31,5% para los ejercicios fiscales que comiencen en 2026, lo que impactaría de lleno en la coparticipación que reciben las provincias al año siguiente. Para los mandatarios provinciales, el escenario es claro: menos recaudación en plena disputa electoral.

Desde las provincias estiman que el capítulo impositivo de la reforma podría implicar una merma superior a los 3 billones de pesos. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, buscó bajar el tono de la discusión y aseguró que el impacto fiscal real sería recién en 2027 y rondaría los 1,5 billones de pesos. Aun así, la aclaración no logró descomprimir la resistencia.

La estrategia del Gobierno

Lejos de retroceder, el Ejecutivo decidió sostener el corazón de la iniciativa y avanzar en una negociación política caso por caso. La Casa Rosada apuesta a convencer a los gobernadores de que el impacto será gradual y que la baja de impuestos favorecerá la inversión, el crecimiento y, en el mediano plazo, una mayor recaudación.

Además de Ganancias, el proyecto incluye una reducción de las contribuciones patronales del 18% al 15% para industrias y PYMES, con el objetivo declarado de incentivar la creación de empleo registrado. También contempla la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que prevé beneficios fiscales como la devolución anticipada del IVA y la amortización acelerada en Ganancias para proyectos productivos, con un impacto fiscal estimado en el 0,2% del PBI.

A esto se suma la posibilidad de actualizar quebrantos fiscales por inflación y la eliminación de impuestos internos para determinados sectores, como seguros, telefonía celular y satelital, bienes suntuarios, vehículos de alta gama, embarcaciones y aeronaves. También se elimina el impuesto del 10% a las entradas de cine que financiaba al INCAA.

Gobernadores en guardia

Para los mandatarios provinciales, el problema no es solo fiscal sino político. La mayoría enfrentará en 2027 elecciones clave: reelecciones, sucesiones provinciales o incluso aspiraciones nacionales. En ese contexto, resignar recursos propios aparece como un costo difícil de asumir.

Por eso, aunque el Gobierno intenta presentar la reforma como una herramienta para dinamizar la economía y el empleo, los gobernadores mantienen una postura firme: sin garantías claras de compensación, no acompañarán una reforma que debilite las finanzas provinciales.

La pulseada sigue abierta. Mientras el Ejecutivo apuesta a sostener su hoja de ruta y mostrar coherencia fiscal ante los mercados, las provincias buscan preservar sus ingresos y su margen de maniobra política. El resultado de esa negociación será clave no solo para el futuro de la reforma laboral, sino también para el delicado equilibrio de poder entre la Nación y los distritos en los próximos años.