Choferes Uber presentaron una reserva legal contra la ordenanza municipal

USHUAIA.- La tensión entre los prestadores de servicios de transporte por plataformas y el Municipio de Ushuaia sumó un nuevo capítulo este miércoles. Un nutrido grupo de conductores ingresó por mesa de entradas del Concejo Deliberante un documento de carácter institucional donde manifiestan su rechazo al reciente esquema normativo. En el texto, advierten que la regulación vigente conlleva vicios que afectan derechos fundamentales y dejan sentada la intención de avanzar con amparos judiciales si la norma entra en plena vigencia.

Los firmantes del documento sostienen que la ordenanza aprobada a principios de año funciona como un castigo solapado hacia la actividad. Según la presentación, el bloque normativo “opera en los hechos como un régimen sancionatorio encubierto” que vulnera principios de igualdad ante la ley y la libertad de trabajo. Con el respaldo de decenas de adhesiones, los trabajadores enfatizaron que la normativa posee rasgos regresivos que dificultan el sustento de las familias vinculadas al sector.

El origen de la disputa se remonta a la sesión extraordinaria del pasado 2 de enero. En aquella jornada, el cuerpo legislativo local dio luz verde a la ordenanza que pretende encuadrar a empresas como Uber, Cabify y Didi. El tratamiento del proyecto no estuvo exento de polémica, ya que la convocatoria original era para tratar la licencia de una concejal y el tema del transporte fue incluido sobre la hora, lo que generó fuertes cruces por la falta de debate previo en comisiones.

La votación terminó con ocho voluntades a favor, un voto negativo y una abstención. Durante el debate, los ediles Valter Tavarone y Daiana Freiberger se distanciaron de la mayoría al considerar que el procedimiento fue irregular. Ambos legisladores denunciaron que se trató de una normativa “aprobada de espaldas a la sociedad y sin debate real”, cuestionando la celeridad con la que se impuso el proyecto sin la participación de todos los sectores involucrados.

En contrapartida, los bloques que acompañaron la iniciativa —conformados por el PJ, FORJA, MPF y La Libertad Avanza— argumentaron que el objetivo es formalizar una actividad que ya funciona de manera informal en las calles fueguinas. La ordenanza exige que las compañías tengan domicilio legal en la ciudad y que los conductores se anoten en el Registro Municipal Unificado de Conductoras y Conductores (ReMuCo). Sin embargo, el contenido final del texto sigue bajo la lupa dado que sufrió modificaciones de último momento durante la sesión.

Desde el sector de los conductores cuestionan que el municipio intente equiparar el servicio de aplicaciones con el de los taxis y remises tradicionales. Alegan que las exigencias de horarios y las altas multas no guardan relación con un esquema de trabajo autónomo. Asimismo, consideran excesivo el pedido de nuevos seguros y controles de trazabilidad, entendiendo que son requisitos que las mismas plataformas ya garantizan para brindar seguridad a los usuarios.

Un punto de fuerte malestar radica en la comparación con otros rubros digitales. Los choferes señalan que existe una discriminación evidente frente a las aplicaciones de delivery o reparto, las cuales operan bajo una lógica similar pero no enfrentan las mismas presiones fiscales ni de fiscalización por parte del Estado municipal.

Hacia el final de la misiva, el grupo solicitó formalmente que se suspendan los operativos de control y las sanciones hasta que se pueda dar una discusión profunda sobre el tema. Consideran que los problemas de la ordenanza son de fondo y que no se arreglan con un simple decreto reglamentario. Los conductores cerraron su presentación asegurando que su postura nace de la “buena fe, con vocación institucional y democrática” en busca de proteger su fuente laboral.