Greve calificó la intervención como “irracional, infundada e ilegítima” y advirtió que los argumentos utilizados para justificarla se desmoronan frente a la propia continuidad operativa del puerto. “Si realmente existiera un riesgo para la vida de los trabajadores o de los turistas, ese riesgo no desaparece por arte de magia con una resolución administrativa”, señaló, al remarcar que el puerto sigue funcionando con normalidad bajo control nacional.
En ese sentido, el legislador fueguino puso el foco en una de las primeras decisiones adoptadas tras la intervención: el redireccionamiento de los ingresos. Según explicó, a los operadores y prestadores de servicios se les ordenó dejar de depositar los fondos en las cuentas de la Dirección Provincial de Puertos para transferirlos a la órbita nacional. “Ahí queda claro que el objetivo no es la seguridad ni la infraestructura, sino quedarse con la plata de los fueguinos”, afirmó.
Greve también cuestionó con ironía los planteos del Gobierno nacional sobre supuesta desinversión provincial. “Hablan de falta de inversión cuando la Nación no construyó una escuela, no mantiene las rutas y paralizó la obra pública en todo el país. ¿Qué garantía hay de que el dinero del puerto vuelva al puerto?”, se preguntó.
Desde el plano institucional, recordó que la Dirección Provincial de Puertos es un ente autárquico, con administración y recursos propios, y que la ley establece que todo lo recaudado debe reinvertirse en el sistema portuario. En ese marco, adelantó que impulsará pedidos de informes para que las autoridades nacionales expliquen qué hacen con los fondos que hoy se están llevando y cuál es el destino de esos recursos.
La intervención, además, abrió un escenario de fuerte incertidumbre laboral. Greve advirtió que, si la situación se prolonga, la Provincia no está en condiciones de sostener en el tiempo la masa salarial de los trabajadores portuarios sin los ingresos que genera el propio puerto. “Es una cuestión matemática: si la Nación se queda con la recaudación, la Provincia no puede absorber indefinidamente esos costos”, sostuvo.
Finalmente, el legislador remarcó que el conflicto excede lo administrativo y se inscribe en una disputa más profunda por el federalismo y la autonomía provincial. “Hoy es Ushuaia, mañana puede ser cualquier otro puerto del país. Por eso esto no solo debería preocupar a los fueguinos, sino a todas las provincias”, concluyó.