Un acuerdo que abre mercados, pero exige definiciones internas

El acuerdo comercial firmado entre la Argentina y Estados Unidos abre la puerta a un acceso preferencial histórico para la carne vacuna, con un cupo libre de aranceles que alcanzará las 100.000 toneladas anuales a partir de 2026. Sin embargo, detrás del impacto positivo en términos de exportaciones y generación de divisas, el entendimiento plantea interrogantes sobre su impacto real en la estructura productiva, industrial y tecnológica del país.

Según lo informado por la Cancillería, la ampliación del cupo —que pasa de 20.000 a 100.000 toneladas— permitiría un ingreso adicional cercano a los 800 millones de dólares. El anuncio fue celebrado por la cadena cárnica, que ve en el mercado estadounidense una oportunidad para colocar cortes de alto valor. No obstante, se trata de un destino que exige estándares sanitarios, trazabilidad y especificaciones técnicas que no todas las plantas frigoríficas están hoy en condiciones de cumplir, lo que podría concentrar el beneficio en un número reducido de empresas.

Desde el sector agropecuario, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) valoró la apertura comercial como una herramienta para incrementar exportaciones. Sin embargo, voces técnicas advierten que la presión por cumplir estándares externos puede trasladar costos hacia los productores primarios, en un contexto de márgenes ajustados, alta carga impositiva y financiamiento limitado.

El escenario internacional también juega un rol clave. Estados Unidos atraviesa una fuerte retracción de su stock ganadero —el nivel más bajo en 75 años— y un crecimiento sostenido de sus importaciones. China, por su parte, enfrenta restricciones en sus cuotas de ingreso de carne, lo que ha impulsado los precios internacionales. Este contexto favorece coyunturalmente a la Argentina, aunque no garantiza estabilidad ni previsibilidad a largo plazo.

Más allá del sector cárnico, el acuerdo incluye la eliminación de aranceles para 1.675 productos argentinos, mientras que la Argentina reducirá o eliminará gravámenes para más de 240 posiciones arancelarias, muchas de ellas vinculadas a maquinaria, transporte, dispositivos médicos y productos químicos. Especialistas advierten que esta apertura asimétrica podría debilitar segmentos industriales locales que compiten con bienes de alto desarrollo tecnológico provenientes de Estados Unidos.

Otro de los puntos sensibles es el compromiso argentino de adoptar estándares internacionales avanzados en propiedad intelectual. Si bien el Gobierno sostiene que esto fomentará la innovación y atraerá inversiones, sectores académicos y productivos señalan que una protección más estricta podría encarecer el acceso a tecnología, medicamentos y desarrollos industriales, limitando la capacidad de adaptación de las pymes.

A esto se suma la promesa estadounidense de revisar los aranceles al acero y al aluminio, sin plazos ni garantías concretas, y la expectativa de financiamiento externo a través de organismos como el EXIM Bank y la DFC, mecanismos que históricamente han estado condicionados a intereses estratégicos del país norteamericano.