Ushuaia denuncia el "ahogo financiero" de la Provincia

USHUAIA.- La administración municipal de la capital fueguina encendió las alarmas ante una interrupción en el flujo normal de los fondos que debe remitir el Ejecutivo provincial. Esta irregularidad en los envíos de coparticipación comenzó a resentir la operatividad diaria de la ciudad y el sostenimiento de prestaciones que se consideran de carácter urgente. Según las estimaciones de la Intendencia, el bache financiero equivale aproximadamente a 30 días de ingresos que legalmente le pertenecen a la jurisdicción local.

Sebastián Iriarte, secretario de Gobierno de Ushuaia, manifestó que la brecha económica alcanzó dimensiones de magnitud que comprometen la salud de las arcas públicas. El funcionario detalló que “a cálculos de esta semana, probablemente estemos en torno a los 10.000 o 11.000 millones de pesos, que son 30 días de atraso en el envío de fondos”, una dinámica que permite que la provincia retenga y gestione durante un mes entero un capital que es propiedad de los vecinos de la ciudad.

El responsable de la cartera política subrayó que la ausencia de un cronograma previsible atenta contra el cumplimiento de los compromisos más elementales. Iriarte señaló que “esto empieza a poner en riesgo prestaciones de servicios que son básicos” y aclaró que, tras la prioridad que representa la nómina salarial, el municipio debe enfrentar contratos de gran peso presupuestario, como son la limpieza urbana y el sistema de colectivos. En sus palabras, “tener 30 días de atraso realmente pone en jaque las finanzas municipales”.

Si bien se trata de un problema con antecedentes previos, el diagnóstico oficial indica que la curva de desfinanciamiento se pronunció de forma drástica en el último tramo del año. El secretario indicó que “es algo que se viene dando a lo largo del año, pero que se profundizó de una manera muy preocupante desde fines de noviembre para acá”, lo cual sitúa a la gestión actual en un callejón sin salida desde el punto de vista administrativo.

Respecto al vínculo con la Casa de Gobierno provincial, el funcionario aclaró que los puentes de comunicación permanecen activos, aunque los calificó como poco efectivos si no hay soluciones de fondo. “El diálogo está, porque aun sabiendo que nos van a enviar menos recursos necesitamos saber cuánto es lo que nos van a enviar para poder programar”, puntualizó, al tiempo que cuestionó la poda sistemática de los porcentajes que integran la masa coparticipable.

Desde la Secretaría de Gobierno se insistió en que el reclamo no tiene un trasfondo de disputa partidaria, sino que responde a una desatención institucional que perjudica directamente a la comunidad. Bajo esta premisa, Iriarte remarcó que “no remitir los fondos implica que los vecinos no tengan disponibilidad de esos recursos para volcarlos en obras o en servicios básicos”, instando además a la creación de un marco normativo que impida esta discrecionalidad en el manejo del dinero público.

El escenario de crisis también encierra una amenaza sobre la estabilidad del clima social en la ciudad. El funcionario alertó que “si esto sigue avanzando va a afectar la paz social”, entendiendo que el ahogo financiero suele derivar en conflictos con los gremios por demoras en sueldos o la caída de servicios básicos. Ante esta posibilidad, el municipio iniciará rondas de consulta con los sindicatos para informar con transparencia el estado de la caja.

Para finalizar, la mirada de la Intendencia apunta a que la salida del conflicto depende de un cambio de prioridades en el nivel provincial. “Esto más que diálogo requiere decisiones políticas”, sentenció Iriarte, sugiriendo que existen otras áreas del Estado donde aplicar recortes. El secretario concluyó que “hay estructuras de gastos innecesarios que se pueden revisar antes de achicar los recursos que son de los municipios”, exigiendo una revisión integral de la política de gastos frente a la actual coyuntura financiera.