En declaraciones a FM Provincia, Giménez fue categórico al afirmar que la Constitución no admite interpretaciones ambiguas en este punto. “La Constitución es clara: el Fiscal de Estado es el encargado de defender los intereses de la Provincia. No puede excusarse. Después las leyes reglamentarias o las interpretaciones rebuscadas son otro cantar”, sostuvo.
Sin ingresar en el debate de fondo sobre si la intervención del Puerto está o no justificada, el abogado planteó el eje del problema en términos institucionales. “Hablemos en abstracto del conflicto entre la Provincia y el Estado Nacional. Acá están en juego intereses provinciales evidentes. Si el gobernador sostiene que hay un avasallamiento al federalismo, el Fiscal de Estado debe intervenir. No puede abandonar la defensa”, remarcó.
Para Giménez, la actitud adoptada por el Fiscal implica un abandono explícito de sus competencias constitucionales. “Tenemos un Fiscal de Estado que dejó a la deriva a la Provincia, entregando la estrategia legal al gobernador, una estrategia que a la vista de los resultados no funcionó”, afirmó, y cuestionó con dureza el extenso escrito presentado para justificar la excusación: “Cuando uno dice mucho Gregorio, no dice Gregorio. Un mamotreto de 130 fojas no reemplaza la obligación de defender a la Provincia”.
El abogado advirtió que la situación es de extrema gravedad institucional, más aún en un contexto donde existen denuncias sensibles vinculadas al manejo de fondos, seguridad portuaria y administración de recursos estratégicos. “Es un tema sumamente complicado, con denuncias graves. Justamente por eso, el Fiscal de Estado debía intervenir. No hay mucha vuelta que darle”, enfatizó.
Giménez fue aún más lejos al señalar que, si el Fiscal no comparte la estrategia del Ejecutivo provincial, su rol no es correrse sino corregirla. “Si no está de acuerdo, debe acomodarla. Y si considera que no hay que litigar, que lo diga claramente: ‘la intervención está justificada y gracias a Dios que intervinieron’. Pero lo que no puede hacer es abandonar la defensa de los intereses de la Provincia”, subrayó.
En ese marco, apuntó directamente a la Legislatura provincial, a la que le reclamó que asuma su rol de control. “Estamos hablando de un Fiscal de Estado que lleva más de treinta años en el cargo, con inamovilidad, con todos los requisitos para jubilarse hace tiempo. La Legislatura no puede mirar para otro lado”, advirtió.
Desde su mirada, la excusación conjunta de todos los integrantes de la Fiscalía de Estado agrava aún más el cuadro. “Es una especie de patota corporativa: se excusan todos y abandonan a la Provincia. Así, los fueguinos quedamos en manos de nadie, con un gobernador que inició una aventura judicial y un Fiscal que renunció a su responsabilidad constitucional”, señaló.
El abogado también planteó una preocupación concreta sobre la protección de los bienes provinciales durante la intervención. “La Dirección de Puertos es provincial, los edificios, los insumos, todo es provincial. ¿Quién preserva hoy esos bienes si el Fiscal de Estado no actúa?”, se preguntó, aunque aclaró que los funcionarios nacionales intervinientes también deberán rendir cuentas por su gestión.
Sin embargo, volvió a poner el foco en el núcleo del problema: “Hoy tenemos un Fiscal de Estado que abandonó sus funciones y un gobernador que hizo un mamarracho jurídico. Ese es el problema urgente”.
Finalmente, Giménez sostuvo que existen méritos suficientes para analizar la conducta del Fiscal de Estado mediante un juicio político, aunque aclaró que esa evaluación corresponde a la Legislatura. “No digo que sea culpable, pero hay elementos más que suficientes para investigar. Esto es una gravedad institucional pocas veces vista”, concluyó.
