Con el Puerto intervenido, el Gobierno busca apagar el incendio con un acuerdo salarial para proteger a los trabajadores

El acuerdo aparece como una respuesta defensiva frente a un escenario que se agravó con la intervención nacional y la exclusión de parte del personal portuario. Lejos de resolver el conflicto de fondo, la medida busca contener el impacto social y evitar que la crisis derive en un conflicto laboral mayor, mientras la Provincia continúa sin control efectivo sobre uno de sus activos estratégicos.

Según se desprende del acta firmada, el Gobierno provincial asumió el compromiso de garantizar la seguridad económica, jurídica y la continuidad del vínculo laboral de la totalidad de los trabajadores y trabajadoras de la Dirección Provincial de Puertos, independientemente de su modalidad de revista o situación actual de prestación de servicios. La protección alcanza tanto a quienes continúan trabajando como a aquellos que se encuentran impedidos de ingresar a sus puestos a raíz de la intervención dispuesta por la Autoridad Nacional a través de la ANPYN.

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la garantía de estabilidad laboral, dejando expresamente establecido que ningún trabajador podrá ver afectada su relación laboral, su situación de revista ni su derecho al salario por no estar prestando tareas efectivas. En ese sentido, se remarca que la imposibilidad de cumplir funciones no podrá ser interpretada como abandono de servicio ni dar lugar a sanciones, desplazamientos o modificaciones funcionales encubiertas.

El texto también establece que la Dirección Provincial de Puertos asumirá las erogaciones salariales “de conformidad con la disponibilidad presupuestaria y financiera”, un punto que deja abierto un interrogante clave sobre la sostenibilidad de la medida en el tiempo, especialmente si la intervención de la ANPYN se prolonga. Además, se acordó la creación de un ítem salarial transitorio, que será definido en una mesa de trabajo entre la Dirección de Puertos y los sindicatos, mientras se mantenga vigente la situación excepcional derivada de la resolución ANPYN 4/2026.

Más allá de la formalidad del acuerdo, el trasfondo político e institucional sigue sin resolverse. La firma del acta confirma que la intervención nacional no solo impactó en la administración del puerto, sino que obligó al Gobierno provincial a salir de urgencia a contener a los trabajadores, en un movimiento que expone la falta de previsión y la debilidad de la estrategia frente al avance de Nación.

Mientras el Ejecutivo fueguino insiste en calificar la intervención como “ilegítima”, la realidad es que el conflicto ya generó consecuencias concretas: trabajadores sin acceso a sus puestos, incertidumbre sobre el futuro del puerto y ahora un compromiso salarial que funciona como un parche frente a un problema estructural mucho más profundo.

Con el control del Puerto de Ushuaia en manos de la ANPYN y una disputa judicial aún abierta, el acuerdo salarial aparece más como un intento de apagar el incendio que como una solución real a una crisis que sigue escalando.