Una pareja es juzgada por operar una red de explotación infantil con alcance internacional

RIO GRANDE.- El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte dio inicio este miércoles 11 al proceso oral y no público contra dos residentes de esta ciudad acusados de grooming y otros delitos conexos. Los imputados llegaron a esta instancia bajo el cargo de establecer contactos con menores de edad mediante redes sociales para la obtención y posterior distribución de material con contenido sexual explícito.

Durante la apertura de la audiencia, tanto el hombre como la mujer hicieron uso de su derecho de no declarar ante los jueces. El debate continuó con la presentación de un informe técnico por parte de la unidad de Delitos Complejos, donde se detallaron las maniobras investigadas a lo largo de la instrucción. Tras la lectura de las declaraciones testimoniales, los magistrados Verónica Marchisio, Juan José Varela y Eduardo López dictaron un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 18 de febrero, fecha en la que se reanudará la actividad con los alegatos de las partes.

La acusación fiscal, llevada adelante por Vanina Cantiani, apunta a que Diez, de 42 años, y Juárez, de 27, conformaron una organización dedicada a la tenencia y comercialización de imágenes de abuso sexual infantil. La red no se limitaba al ámbito local, sino que los peritajes informáticos revelaron intercambios con usuarios de distintas provincias y contactos estables en regiones de Asia, Europa Occidental y Europa del Este.

El expediente se sustenta en el material secuestrado durante diversos allanamientos realizados en el año 2022. En aquellos operativos se incautaron dispositivos con archivos de una gravedad extrema, que incluían registros de niños de entre 4 y 5 años de edad, volumen de evidencia que convirtió a esta causa en una de las investigaciones más complejas desarrolladas recientemente en el ámbito provincial.

La instrucción de la causa permitió determinar que los acusados no solo acopiaban archivos, sino que también generaban producción propia. El modus operandi consistía en contactar a menores a través de perfiles digitales para solicitarles imágenes de desnudez, material que posteriormente era transaccionado en redes de pedofilia mediante pagos preestablecidos.

Un punto destacado por los investigadores fue la estrategia de captación de las víctimas, donde Juárez cumplía una función determinante. Según la fiscalía, la mujer lograba engañar a los menores simulando ser una par en las redes sociales, aprovechando que su fisonomía le permitía aparentar una edad mucho menor a la que realmente tiene.

Por estos hechos, la pareja afronta cargos basados en el artículo 128 del Código Penal, que penaliza la producción y venta de representaciones de abusos sexuales de menores. La defensa de los procesados está siendo coordinada por los abogados oficiales Rita Marchi y Alejandro Nacarato.

Finalmente, el caso derivó en la intervención de la Justicia de Familia debido a la situación de los hijos menores que convivían con la pareja. El organismo dispuso medidas de protección inmediatas al considerar que los niños estuvieron sujetos a situaciones de alto riesgo, escenario que abre la posibilidad de sumar la acusación de corrupción de menores agravada por su rol de guardadores.