El Gobierno consiguió la media sanción de la reforma laboral

La Libertad Avanza consiguió articular una mayoría amplia que incluyó al radicalismo, el PRO y distintos bloques provinciales, consolidando un esquema de alianzas que volvió a mostrar la capacidad del oficialismo para reunir respaldos en iniciativas estratégicas. El resultado representó un triunfo parlamentario de peso, apenas superado en importancia por la aprobación de la Ley Bases en 2024 y el Presupuesto 2026 en diciembre último.

Una votación ajustada, pero decisiva

El proyecto fue aprobado con los votos de los 20 senadores de La Libertad Avanza, 10 de la UCR, 3 del PRO y representantes de bloques provinciales como el Frente de la Concordia Social, Provincias Unidas, Independencia, Despierta Chubut, Primero los Salteños, el Frente Cívico y La Neuquinidad. Ese respaldo implicó, en los hechos, el aval político de gobernadores como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Martín Llaryora (Córdoba) y Hugo Passalacqua (Misiones).

En contraposición, el rechazo fue encabezado por el interbloque peronista, integrado por el bloque Justicialista, Convicción Federal y el Frente Cívico de Santiago del Estero, que reunió 28 votos, a los que se sumaron dos legisladores de Santa Cruz.

La sesión comenzó a las 11.13 con el quórum justo y la votación en general se produjo pasada la 1.20 de la madrugada. El debate en particular se extendió hasta cerca de las 4, en un clima de alta tensión política.

Los puntos centrales de la reforma

La iniciativa impulsada por el Ejecutivo propone una profunda modificación del régimen laboral argentino. Entre sus principales ejes se destacan incentivos para la creación de empleo formal mediante la reducción de impuestos, topes a las indemnizaciones, la habilitación de convenios colectivos por empresa, la implementación del banco de horas y la imposición de límites al derecho de huelga en los servicios esenciales.

Uno de los objetivos centrales del proyecto, según el oficialismo, es reducir la litigiosidad laboral y eliminar lo que considera “trabas estructurales” para la contratación de trabajadores. En ese marco, se busca dar mayor flexibilidad a la relación entre empleadores y empleados, promoviendo acuerdos directos entre las partes.

Durante el tratamiento en particular, el oficialismo rechazó las modificaciones propuestas por senadores del peronismo. En uno de los capítulos más discutidos, el senador del PRO Martín Goerling Lara logró imponer la postura original del Gobierno para que los aportes obligatorios a gremios y cámaras empresariales pasen a ser voluntarios, una votación que obtuvo 40 adhesiones, dos menos que en el resto de los artículos.

Negociaciones de último momento y temas sensibles

En el tramo final del debate, el oficialismo incorporó como anexo el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, luego de no poder tratarlo como proyecto independiente por no estar incluido en el temario de sesiones extraordinarias.

También se mantuvo la exclusividad de las entidades bancarias para el pago de salarios, pese al pedido del PRO de incluir billeteras virtuales. Desde el oficialismo señalaron que cualquier plataforma que pretenda pagar sueldos deberá adecuarse a las normas del Banco Central.

En materia de aportes sindicales, se resolvió mantener el sistema actual sin límite temporal, pero con un tope del 2% para los afiliados. En el caso de las cámaras empresarias, el aporte obligatorio tendrá un tope del 0,5%.

Además, se decidió sostener hasta 2028 el esquema de financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que continuará recibiendo recursos específicos y luego pasará a depender de partidas presupuestarias.

Un debate cargado de cruces políticos

El cierre de la sesión estuvo marcado por fuertes discursos. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió la reforma y cuestionó duramente a la oposición. Sostuvo que el régimen laboral vigente responde a una “legislación obsoleta” que mantiene al país “anclado en el pasado” y aseguró que el crecimiento económico depende de la dinamización del sector privado y no de la expansión del Estado.

Desde la vereda opuesta, el jefe del interbloque peronista, José Mayans, calificó al proyecto como “inconstitucional” y advirtió que viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y tratados internacionales. “Se tocan 41 leyes y se pretende resolver todo en un día. Esto va a fracasar”, sentenció.

También hubo cuestionamientos al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar despidos y sostenido con aportes del 1% de las grandes empresas y del 2,5% de las pymes. Incluso senadores aliados, como Alejandra Vigo, expresaron reparos sobre ese punto.

El camino que viene

Con la media sanción obtenida, el Gobierno apuesta ahora a acelerar el tratamiento en Diputados para convertir la reforma laboral en ley antes de fin de febrero. El resultado en el Senado fortaleció al oficialismo y dejó en claro que, pese a no contar con mayorías propias, La Libertad Avanza logró construir una red de apoyos clave para avanzar con su agenda.

El debate que se traslada a la Cámara baja promete ser tan intenso como el del Senado, en un contexto de fuerte polarización política y social, donde la reforma laboral aparece como uno de los ejes centrales del modelo que impulsa el gobierno de Javier Milei.