Sospechas en Salud: derivaciones que beneficiarían a un privado

El resonador magnético del Hospital Regional Ushuaia fue anunciado como uno de los avances más importantes para fortalecer el sistema público de salud en la capital fueguina. Sin embargo, en la práctica, su funcionamiento vuelve a quedar bajo la lupa: pacientes del sistema público seguirían siendo derivados a un prestador privado, generando un gasto adicional para el Estado y beneficiando, una vez más, al sector privado.

La situación, de confirmarse, no sólo contradice el objetivo sanitario con el que se incorporó el equipamiento, sino que también implicaría un uso ineficiente de recursos públicos en un contexto de fuertes restricciones presupuestarias.

Preguntas sin respuesta oficial

La maniobra abre una serie de interrogantes institucionales que, hasta el momento, no han sido respondidos por las autoridades competentes:

• ¿Por qué no se otorgan turnos públicos regulares utilizando el resonador del hospital?

• ¿Quién decide que pacientes del sistema público sean derivados bajo la modalidad de interconsulta?

• ¿Qué área autoriza el pago de esos estudios?

• ¿Existe un convenio formal vigente que respalde esta operatoria?

La falta de información oficial profundiza las sospechas y alimenta la preocupación sobre el destino de los fondos destinados a la atención de los vecinos.

El circuito bajo la lupa

Según fuentes consultadas, el circuito se activaría desde los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), donde pacientes del sistema público serían derivados para realizarse estudios en el mismo resonador que pertenece al hospital, pero bajo un esquema de facturación privada.

El punto crítico estaría en el área de Acción Social del Hospital Regional Ushuaia, desde donde se emitirían las autorizaciones administrativas que habilitan el pago a la clínica privada. De acuerdo a la denuncia, el funcionario encargado de supervisar y fiscalizar los gastos extraordinarios del hospital sería quien estaría avalando estas autorizaciones.

De confirmarse esta operatoria, se estaría frente a una situación de extrema gravedad institucional: un bien público utilizado como plataforma para la facturación privada, sin transparencia, sin control externo y con un impacto directo en los recursos del sistema público de salud.

Responsabilidades institucionales

El caso involucra de manera directa a distintos estamentos del Estado provincial:

• Ministerio de Salud de Tierra del Fuego

• Dirección del Hospital Regional Ushuaia

• Área administrativa de Acción Social

• Sistema de auditoría interna

• Tribunal de Cuentas de la provincia

Hasta el momento, ninguna de estas áreas ha emitido una comunicación oficial que explique el marco legal, administrativo y sanitario que justificaría este esquema de derivaciones.