La norma fue firmada el 21 de enero por la vicegobernadora en ejercicio del Poder Ejecutivo y crea dos nuevos ítems remunerativos: “Servicios Acumulados” y “Formación Profesional Acreditada”.
El artículo 2 establece que el ítem Servicios Acumulados otorgará un adicional del 2% por cada año de servicio efectivo en la Administración Pública, actualizado automáticamente cada 1° de enero.
Pero el punto más significativo aparece en el artículo 4: el ítem Formación Profesional Acreditada reconocerá un 35% sobre el haber básico a quienes posean título de grado.
Es decir, un plus directo del 35%, con carácter remunerativo, aplicado sobre el básico y destinado a las categorías detalladas en el Anexo I del decreto, que corresponden a cargos políticos y jerárquicos.
En los considerandos, el Ejecutivo sostiene que la medida responde a “criterios de razonabilidad, equidad y adecuada retribución de la función pública” y aclara que no se altera la estructura remuneratoria general.
Sin embargo, el decreto limita el beneficio exclusivamente a determinadas categorías, sin extenderlo al conjunto de la administración pública.
Además, se delega al Ministerio de Economía la facultad de reglamentar, interpretar y actualizar los porcentajes, consolidando el manejo interno del esquema salarial.
La decisión se conoce en un contexto donde distintos sectores estatales vienen reclamando recomposición salarial frente a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.
Mientras los trabajadores discuten paritarias, el Gabinete Provincial logró incorporar un adicional automático del 35% bajo el concepto de “formación profesional”, además de un acumulativo por años de servicio.
Desde el Gobierno se argumenta que se trata de un reconocimiento a la formación y trayectoria. Sin embargo, la medida abre interrogantes sobre la oportunidad política y el alcance selectivo del beneficio.
En definitiva, el Decreto 092/26 formaliza lo que en los hechos implica una mejora sustancial en los ingresos del círculo más cercano al gobernador Gustavo Melella, bajo una estructura técnica que evita denominarlo como aumento salarial, pero que en la práctica lo es.