Grooming: experto explica por qué las penas pueden ser bajas

En diálogo con FM Provincia, el experto remarcó que el punto central para entender la magnitud de una condena es la evidencia reunida durante la investigación. “Lo primero que tenemos que ver es qué información efectiva tiene el fiscal como evidencia”, señaló, al tiempo que recordó que el artículo 131 del Código Penal fija para el grooming una pena de entre seis meses y tres años.

Según explicó, el pedido de una pena superior suele estar vinculado a la intención de que la condena no sea excarcelable. “Entiendo que el fiscal pide cuatro años para que no sea excarcelable”, indicó.

Lazzaroni diferenció además el delito de grooming de la tenencia o distribución de material de abuso sexual infantil, conductas que pueden concurrir pero que tienen encuadres legales distintos. “El grooming es el contacto del adulto con el menor por cualquier medio electrónico con el fin de una corrupción de menor”, precisó.

En ese sentido, sostuvo que si la investigación logra probar que el delito avanzó más allá del contacto, la escala penal puede incrementarse considerablemente. “Si existió corrupción de menor, la pena se va prácticamente al doble”, afirmó.

El especialista también advirtió que, desde la reforma de 2018, la legislación argentina penaliza no solo la distribución sino también la posesión de material ilegal en dispositivos electrónicos. “Hoy se pena tanto el tráfico como el consumo y cualquier posesión que hubiese en equipos”, explicó.

Más allá del caso puntual, Lazzaroni alertó sobre la evolución del fenómeno delictivo y la creciente complejidad que introduce la inteligencia artificial. “La IA vino a complejizar y profundizar el delito”, sostuvo, al advertir que ya es posible generar material falso utilizando únicamente la imagen pública de un menor.

En paralelo, subrayó que en la provincia se registran niveles preocupantes de acoso digital infantil. “De cada diez chicos, seis sufren algún tipo de acoso”, afirmó, y destacó que el aumento de denuncias también responde a una mayor toma de conciencia social.

Finalmente, el especialista insistió en la necesidad de actualizar el marco normativo y fortalecer las herramientas de investigación. “Las leyes tienen que correr acorde a la rapidez de la tecnología”, concluyó.