La lupa judicial se posa sobre el desvío de fondos portuarios y el faltante de obras

USHUAIA.- La intervención de la terminal portuaria local ya forma parte del paisaje cotidiano en la política de Tierra del Fuego. Tras el impacto inicial del desembarco administrativo, el escenario gira ahora hacia los tribunales de Comodoro Py y la justicia federal. El eje de la disputa ya no pasa por la legitimidad de la intervención, sino por rastrear el camino que siguieron los fondos públicos y definir el castigo penal para quienes malversaron esos recursos.

El disparador de esta nueva instancia es la documentación que los interventores presentaron ante la Cámara de Diputados de la Nación por requerimiento de la legisladora Andrea Freites. En dicho legajo se fundamentan las falencias financieras que precipitaron la toma de control del puerto. Los datos indican que una suma superior a los $4.000 millones, generada por el propio rendimiento de la actividad, nunca volvió al muelle en forma de mejoras estructurales o equipamiento moderno, incumpliendo así el contrato de transferencia que rige la operatividad provincial.

El relevamiento detalla un panorama de desidia donde el muelle comercial exhibe fracturas y los sistemas operativos de seguridad se encuentran fuera de servicio. Mientras estas obras urgentes quedaban en los papeles, el dinero era derivado sistemáticamente para financiar otros sectores de la administración central del Gobierno provincial. Además, el informe pone de relieve una serie de licitaciones y proyectos que, aunque fueron publicitados oficialmente, carecen de cualquier avance físico en el predio.

Bajo este panorama, la controversia escala del ámbito de las resoluciones burocráticas al Código Penal. Los jueces federales intentarán determinar si hubo una administración fraudulenta de los caudales públicos. En los pasillos judiciales se especula con que las citaciones podrían alcanzar a los máximos niveles de decisión del periodo bajo sospecha, incluyendo al gobernador Gustavo Melella, al anterior titular de la entidad, Roberto Murcia, y a los responsables directos de la Dirección Provincial de Puertos.

La interna política aporta un condimento adicional de crispación a la causa. Recientemente, la vicegobernadora Mónica Urquiza admitió en una reunión con gremialistas que el manejo irregular de las partidas no es una novedad, asegurando que en etapas previas también “se patinaron” fondos que el gobierno de Mauricio Macri había girado para trabajos de ampliación. Estos dichos reavivaron las dudas sobre la transparencia histórica en el manejo de la caja portuaria y la recurrente ausencia de balances fehacientes.

Con las pruebas ya radicadas en el Congreso Nacional, la duda que desvela al arco político es el paradero final de esos $4.000 millones que debían modernizar la principal puerta de entrada turística de la isla. Si la causa sigue su curso natural en los Tribunales Federales, las explicaciones deberán darse frente a un juez y no en los micrófonos de la prensa.