La votación llegó minutos después de que la Cámara alta también convirtiera en ley la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, configurando una jornada de alto impacto institucional que el oficialismo exhibe como un hito en su gestión.
La Libertad Avanza consiguió el respaldo de bloques dialoguistas y gobernadores aliados, tras semanas de negociaciones. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, tuvo un rol central en ese armado político y celebró con euforia el resultado final junto a los senadores libertarios.
Con esta sanción, el Senado convalidó la modificación introducida por Diputados que eliminó el polémico artículo 44, el cual permitía reducir hasta un 50% el salario en casos de licencias por enfermedades o accidentes graves. Ese cambio fue clave para asegurar los votos necesarios.
La reforma impacta de lleno en el sistema de relaciones laborales y modifica aspectos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo y del régimen sindical.
Entre los puntos principales:
Indemnizaciones más bajas: se calcularán exclusivamente sobre el salario básico, sin incluir aguinaldo, premios u otros adicionales. Además, podrán abonarse en cuotas.
Fondo de Asistencia Laboral: crea un mecanismo alternativo para cubrir eventuales despidos, que el oficialismo presenta como herramienta de previsibilidad.
Fin de la ultraactividad: los convenios colectivos vencidos dejarán de regir automáticamente hasta que se firme uno nuevo.
Restricciones al derecho de huelga: se amplía la definición de servicios esenciales y se establecen porcentajes obligatorios de prestación mínima.
Cambios en estatutos profesionales: se habilita su revisión y actualización.
Modificaciones sindicales: se ajustan tutelas y mecanismos de representación.
El miembro informante del oficialismo, el senador chaqueño Juan Cruz Godoy, sostuvo que la ley busca “reducir la litigiosidad” y generar “certezas para empleadores y trabajadores”. Además, defendió los incentivos a pymes y la articulación con regímenes de inversión como el RIGI.
Desde el bloque Justicialista, el rechazo fue contundente. Mariano Recalde calificó la norma como una “ley monstruosa” por la cantidad de leyes que modifica y advirtió que su tratamiento fue “exprés”. Según anticipó, la reforma “va derecho al conflicto judicial”.
El jefe de la bancada peronista, José Mayans, fue aún más duro y la definió como “una ley anti trabajador”, denunciando que vulnera el artículo 14 bis de la Constitución y que terminará judicializada.
En la misma línea se expresaron legisladores como Jorge Capitanich, Marcelo Lewandowski y Daniel Bensusán, quienes sostuvieron que la norma precariza el empleo y no garantiza creación de trabajo genuino.
Desde el PRO y sectores aliados defendieron el proyecto como una actualización necesaria para volver competitiva a la Argentina y dar previsibilidad a la inversión.
Para el Gobierno, la sanción representa una señal política y económica hacia el mercado y los inversores. “Argentina quiere volver a crecer”, afirmó Bullrich en el cierre del debate, al sostener que la reforma corrige un sistema que, a su juicio, fomentó la informalidad durante décadas.
Con esta aprobación, el Ejecutivo consolida su programa de reformas estructurales y suma un triunfo clave en el Congreso, aunque el escenario judicial y sindical anticipa que la discusión recién comienza.
La CGT ya anunció movilizaciones y acciones legales, mientras distintos sectores advierten que el verdadero impacto de la ley se medirá en los próximos meses, cuando empiecen a aplicarse sus disposiciones en el mundo real del trabajo.