En declaraciones en FM Provincia, Hernández explicó que existe una diferencia entre obtener un amparo favorable y lograr que la obra social cumpla efectivamente con la sentencia.
“Una cosa es iniciar el amparo y que salga favorable. Otra cosa es lograr que OSEF cumpla con la sentencia”, señaló.
Según detalló, cuando se trata de medicamentos, tratamientos o derivaciones que están contemplados en la normativa vigente, los amparos suelen resolverse a favor de los afiliados. Sin embargo, el problema aparece en la etapa posterior.
“Después viene todo un mundo que es la ejecución de la sentencia, lograr que la obra social cumpla con la orden judicial. Muchas veces hay que insistir ante el juzgado o incluso embargar cuentas para conseguir que paguen”, explicó.
Sentencias que no se cumplen
El abogado mencionó el caso reciente de una familia que había obtenido una resolución judicial favorable para acceder a una prestación médica, pero que volvió a quedarse sin el servicio.
Según relató, la obra social fue obligada a cumplir mediante un amparo, luego volvió a incumplir, fue intimada nuevamente por la Justicia y cumplió por un tiempo. Sin embargo, ahora la situación volvió a repetirse.
“Fueron obligados por sentencia, cumplieron, después incumplieron, volvieron a ser obligados a cumplir y ahora nuevamente dejaron de hacerlo. Es volver a empezar todo otra vez”, sostuvo.
Para Hernández, esta situación genera un desgaste permanente en los afiliados, especialmente cuando se trata de tratamientos de largo plazo o enfermedades crónicas.
“Pareciera que tenés que vivir con un amparo para toda la vida. Cada vez que necesitás una derivación o un tratamiento hay que volver a reclamar”, afirmó.
“El amparo no termina con el amparo”
El letrado también advirtió que el proceso judicial no termina cuando se obtiene una sentencia favorable.
“El amparo no termina con el amparo. Después viene todo el proceso para lograr que se cumpla”, explicó.
En ese sentido, indicó que muchos afiliados deben iniciar reiterados reclamos judiciales para obtener prestaciones básicas de salud.
“Los afiliados aportan todos los meses a la obra social, pero cuando realmente la necesitan tienen que sumar tiempo, esfuerzo y dinero para iniciar un amparo”, señaló.
“Tres se mueren en el camino”
Hernández fue particularmente crítico con el funcionamiento del sistema y aseguró que existe una lógica que termina limitando la cantidad de reclamos.
“De diez personas que necesitan una prestación, tres se mueren en el camino, tres no reclaman y dos o tres logran iniciar un amparo”, afirmó.
Según explicó, quienes finalmente llegan a la Justicia suelen obtener fallos favorables, pero incluso en esos casos el cumplimiento no siempre es inmediato.
“A los que hacen amparo muchas veces se les termina cubriendo, pero a veces te cumplen y a veces no, y tenés que seguir peleando”, agregó.
Un problema que lleva años
El abogado indicó que la judicialización de la salud en la provincia no es un fenómeno reciente.
“Hace por lo menos siete años que venimos viendo que esta es la forma de lograr que se cumplan las prestaciones”, aseguró.
También cuestionó la falta de diálogo con las autoridades de la obra social para encontrar soluciones estructurales.
“Nunca recibí un llamado de un director de OSEF para decir ‘veamos cómo solucionar esto para que no haya tantos amparos’”, expresó.
Finalmente, Hernández sostuvo que el problema no radica en los reclamos judiciales, sino en la falta de cumplimiento de las prestaciones.
“Decir que el problema es el negocio de los amparos es incorrecto. Primero no dan la prestación, y después viene todo lo demás”, concluyó.
