Defensor Federal advirtió incumplimiento de leyes por la cobertura de adicciones

El funcionario se refirió al conflicto generado tras la caída del convenio entre OSEF y la Asociación Civil Reencontrándonos, institución que brinda tratamiento para personas con adicciones en la provincia, situación que dejó en incertidumbre a pacientes que se encuentran bajo tratamiento.

“Las personas en la República Argentina tienen derecho a la salud. Y ese derecho incluye la atención de los consumos problemáticos”, señaló.

Prestaciones obligatorias

Bongiovanni explicó en FM Provincia, que la cobertura de estos tratamientos está contemplada en distintas leyes nacionales vinculadas a la salud mental y a los consumos problemáticos.

“La atención de consumos problemáticos está dentro del Plan Médico Obligatorio. Cualquier obra social está obligada a cubrirla”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que las obras sociales deben garantizar prestadores que puedan brindar ese servicio.

“Si una persona necesita atención médica, la obra social tiene que tener un prestador y pagarle a ese prestador. No puede trasladar ese costo al paciente”, remarcó.

Falta de alternativas en la provincia

El defensor federal también manifestó preocupación por la falta de instituciones alternativas en Tierra del Fuego que puedan brindar este tipo de tratamientos.

“No hay otro lugar. Ese es un tema muy importante. Si no hay otro prestador, la prestación igual tiene que garantizarse”, afirmó.

Además, advirtió que enviar pacientes a centros fuera de la provincia no siempre resulta adecuado.

“Muchas veces alejar a la persona de su entorno no es la mejor solución y además suele ser mucho más caro que sostener el tratamiento en la provincia”, explicó.

Incumplimiento de normativa

Para el defensor federal, la situación generada tras la caída del convenio implica un serio problema en términos de cumplimiento legal.

“Lo que hay acá es un incumplimiento brutal de un montón de normativa que protege el derecho a la salud”, sostuvo.

En ese marco, indicó que desde la Defensoría Federal se analizan posibles acciones para garantizar la continuidad de los tratamientos y la protección de los pacientes afectados.

“El flagelo es igual para todos. No hay drogas federales y drogas provinciales. Lo que corresponde es coordinar para proteger este derecho humano”, concluyó.