La decisión del bloque La Libertad Avanza de limitar la participación a apenas 400 oradores sobre un total de más de 100 mil inscriptos encendió críticas de la oposición y organizaciones ambientalistas, que denuncian una “simulación de participación”.
Las audiencias, organizadas en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, se realizarán en solo dos jornadas: una presencial y otra virtual.
Sin embargo, el esquema definido establece que:
A esto se suma otra restricción:
En términos concretos, el mecanismo deja afuera de la exposición directa al 99,6% de los interesados.
Desde distintos bloques opositores y organizaciones sociales advierten que el formato vacía de contenido el proceso.
La organización Greenpeace incluso presentó una medida cautelar ante la Justicia para que se garantice la participación oral de todos los inscriptos, causa que quedó en manos del juez Enrique V. Lavié Pico.
El planteo es claro: reemplazar la exposición oral por escritos o videos “no cumple con estándares básicos de participación pública”.
Pero el dato que tensiona el debate es otro:
si se habilitara a los 100 mil inscriptos a hablar, las audiencias podrían extenderse durante más de un año.
El proyecto que impulsa el oficialismo propone modificar aspectos centrales de la ley vigente:
Esto abre la puerta a inversiones en:
Impulsadas por gobernadores aliados, pero fuertemente cuestionadas por sectores ambientales.
El debate expone una tensión de fondo:
- desarrollo productivo vs. protección de recursos estratégicos
Pero también deja otra discusión en primer plano:
- la calidad democrática de los procesos de participación
Porque, aunque el Gobierno sostiene que todas las presentaciones serán incorporadas al expediente, lo cierto es que la posibilidad de incidir en tiempo real —el corazón de cualquier audiencia pública— quedará reservada a una minoría.
Con este esquema, la discusión sobre una de las leyes ambientales más importantes del país comienza atravesada por cuestionamientos.
La pregunta que queda flotando no es solo qué pasará con los glaciares, sino también con el mecanismo elegido para decidir su futuro.
Porque cuando más de 100 mil personas quieren hablar y solo 400 pueden hacerlo, el problema ya no es solo ambiental: también es político.