Un hecho que comenzó como un acto heroico terminó envuelto en una fuerte polémica. En la ciudad de Río Grande, una beba de tan solo 25 días de vida fue salvada por efectivos policiales tras llegar con signos de ahogamiento, pero luego de ser estabilizada en la Clínica CEMEP, fue derivada al hospital por no contar con cobertura médica.
La situación generó indignación y volvió a poner en discusión los límites entre la atención sanitaria y las condiciones administrativas.
Todo ocurrió pasada la medianoche, cuando una joven pareja llegó desesperada a la Comisaría Tercera con su hija, Brunella, en brazos y con dificultades para respirar.
Ante la urgencia, la cabo Romina Corso actuó de inmediato. Tomó a la beba y le practicó la maniobra de Heimlich adaptada para lactantes, logrando que la pequeña reaccionara y volviera a respirar.
La rápida intervención fue clave: la beba comenzó a llorar, señal de que había recuperado la vía aérea.
Sin perder tiempo, junto al suboficial Díaz, la trasladaron de urgencia en un patrullero hacia la clínica privada más cercana.
Al llegar a la Clínica CEMEP, el personal médico completó la estabilización de la menor y confirmó que estaba fuera de peligro.
Sin embargo, lo que parecía el final de una historia con final feliz dio un giro inesperado.
Según trascendió, al verificar que la familia no contaba con cobertura médica compatible con la institución, se les informó que debían trasladarse al hospital público.
La derivación se produjo en medio de una emergencia reciente y, aún más grave, sin la disposición de una ambulancia: la beba fue nuevamente subida a un patrullero para continuar el traslado.
Finalmente, la menor fue ingresada al Hospital Regional Río Grande, donde quedó internada en observación durante 24 horas para controlar su evolución.
Afortunadamente, el cuadro se mantuvo estable y la rápida intervención inicial evitó consecuencias mayores.
El episodio deja una imagen difícil de ignorar: una beba que acaba de ser salvada de una situación crítica, trasladada de un centro de salud a otro por una cuestión de cobertura.
Si bien desde el ámbito privado suelen argumentarse protocolos administrativos, el caso reabre un debate de fondo:
- ¿Puede una institución médica priorizar cuestiones económicas en medio de una emergencia?
- ¿Dónde queda el criterio humanitario ante situaciones de riesgo inmediato?
La escena deja dos caras opuestas del sistema:
Por un lado, la rápida y decidida acción de los efectivos policiales, que sin dudarlo actuaron y salvaron una vida.
Por el otro, una decisión que, más allá de lo técnico o administrativo, expone una lógica que genera indignación: la salud condicionada por la cobertura.
Porque en situaciones límite, donde cada segundo cuenta, la diferencia entre la vida y la muerte no debería depender de un trámite.
Y ese es, quizás, el punto más crítico que deja este caso.