Puerto intervenido: crecen los pedidos internos para la salida de Roberto Murcia

La crisis por la intervención del puerto de Ushuaia ya dejó de ser solo un conflicto con Nación para transformarse en un problema político de alto voltaje dentro del propio Gobierno de Tierra del Fuego. A más de dos meses de la medida dispuesta por la administración de Javier Milei, no solo no hubo avances judiciales concretos a favor de la provincia, sino que comenzaron a emerger responsabilidades internas que apuntan directamente al titular de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia.

En los pasillos de la Casa de Gobierno ya no se habla en voz baja: crece con fuerza un sector del oficialismo que impulsa su desplazamiento. La razón es clara: una cadena de decisiones erráticas —previas y posteriores a la intervención— que dejaron a la provincia en una posición de debilidad política, institucional y judicial.

Una intervención que expuso la fragilidad de la gestión

El 21 de enero, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación avanzó con la intervención del puerto de Ushuaia, desplazando al Gobierno provincial de su administración y designando a Juan Avellaneda al frente de la terminal.

La decisión no fue intempestiva. Llegó tras una serie de advertencias durante 2025 por deficiencias operativas, estructurales y financieras que, según Nación, nunca fueron corregidas. Ese contexto dejó en evidencia una primera responsabilidad política: la falta de respuesta oportuna por parte del área que conducía Murcia.

La estrategia judicial: errores, improvisación y costo millonario

Pero si la intervención marcó un golpe institucional, la respuesta judicial terminó de profundizar la crisis. El gobernador Gustavo Melella intentó revertir la medida con una presentación que rápidamente quedó bajo cuestionamiento.

La Justicia Federal de Ushuaia observó errores básicos: no era el mandatario quien debía encabezar la acción, sino el Fiscal de Estado. Además, el equipo legal que impulsó la presentación carecía de habilitación formal para litigar. Un papelón jurídico que debilitó desde el inicio cualquier intento de recuperar el control del puerto.

En ese escenario aparece otro dato que encendió alarmas dentro y fuera del Gobierno: la contratación de un estudio jurídico por 60 mil dólares, impulsada por la Dirección Provincial de Puertos. La inversión, lejos de traducirse en resultados, quedó asociada a una estrategia desordenada, sin efectividad y con fallas elementales.

El contraste es brutal: un gasto millonario en dólares para una defensa que ni siquiera logró sortear los primeros requisitos formales ante la Justicia.

La ruptura con el Fiscal de Estado y el quiebre interno

La situación se agravó aún más con la decisión del Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, de no representar a la provincia. En una carta pública, habló de “divergencias sustanciales” con la estrategia del Ejecutivo y cuestionó directamente la inacción previa del área portuaria.

Ese pronunciamiento no solo dejó expuesta la debilidad jurídica del planteo, sino que también oficializó la fractura interna dentro del Gobierno.

El expediente, finalmente, terminó escalando hasta la Corte Suprema por tratarse de un conflicto entre una provincia y un organismo nacional, lo que dilata aún más cualquier definición y profundiza la incertidumbre.

Presión política y una figura cada vez más cuestionada

En este contexto, la figura de Murcia quedó en el centro de la escena. Dentro del oficialismo lo señalan como uno de los principales responsables del deterioro de la situación portuaria y de la fallida reacción posterior.

Las críticas apuntan a dos ejes: la falta de gestión previa —que habría facilitado la intervención— y la deficiente estrategia judicial posterior, agravada por el costo económico.

Incluso, según trascendió, el propio gobernador Melella le habría exigido mayor exposición pública para dar explicaciones, en un intento de contener el desgaste político.

Sin embargo, su continuidad no depende únicamente de su desempeño. La vicegobernadora Mónica Urquiza aparece como uno de los principales respaldos políticos, en el marco de los delicados equilibrios internos que sostienen la coalición de gobierno.

Un conflicto sin resultados y con costos crecientes

A más de dos meses de la intervención, el balance es negativo para la provincia: sin avances judiciales, con una estrategia cuestionada y con un costo económico significativo.

Mientras tanto, el puerto de Ushuaia continúa bajo control de Nación y la discusión de fondo -la recuperación de la administración provincial- parece cada vez más lejana.

La interna ya está desatada. Y en ese escenario, la continuidad de Murcia dejó de ser un tema administrativo para convertirse en una definición política de alto impacto.

Porque en el Gobierno fueguino saben que ya no se trata solo de lo que pasó, sino de quién se hace cargo. Y, por ahora, todas las miradas apuntan al mismo lugar.