Lapadula sostuvo que la situación surge a partir de un dictamen de la Fiscalía de Estado que derivó en una denuncia penal, luego de detectarse que recursos destinados a la compra de medicamentos de alto costo habrían sido utilizados para otros fines.
“Es un hecho grave de incumplimiento de una norma que sancionamos”, afirmó el legislador en FM del Pueblo.
En ese sentido, recordó que los fondos cuestionados tenían un destino específico, vinculado a garantizar la provisión de medicación para afiliados con enfermedades complejas.
“Era una herramienta para que no se corte la provisión de medicación que era absolutamente necesaria para muchos afiliados”, señaló.
El legislador indicó que, de acuerdo a lo informado, se habría constatado que esos recursos no fueron utilizados conforme a lo establecido por la normativa vigente.
“Se probó que esos fondos que debían ir para eso, se utilizaron para otra cosa”, expresó.
Frente a este escenario, Lapadula consideró que corresponde avanzar en el ámbito judicial para determinar responsabilidades y aplicar sanciones en caso de que se confirmen las irregularidades.
“Lo que tiene que hacer la Justicia es avanzar en una investigación y, en todo caso, sancionar a los responsables”, manifestó.
Asimismo, insistió en la necesidad de que el proceso judicial se desarrolle con rapidez, teniendo en cuenta el impacto que esta situación tiene sobre los afiliados de la obra social.
“Espero que la Justicia investigue y trabaje con celeridad, porque son hechos graves que afectan a los afiliados”, remarcó.