El Gobierno Nacional pone en venta Intercargo y avanza con la salida del Estado

El Gobierno nacional dio el primer paso formal en su plan de privatizaciones al oficializar el llamado a licitación para vender la totalidad de las acciones de Intercargo S.A.U., la empresa encargada de brindar servicios de rampa en 16 aeropuertos del país.

La operación, enmarcada en la Ley 27.742, establece un precio base de US$45.120.000 y contempla la transferencia completa del paquete accionario al sector privado, sin participación residual del Estado ni esquemas de propiedad para los trabajadores.

Se trata de una señal política y económica clara: avanzar con la reducción del rol estatal en áreas consideradas estratégicas, bajo el argumento de mejorar la eficiencia y reducir el gasto público.

El proceso de venta se realizará mediante un esquema de “etapa múltiple”, con el objetivo de garantizar competencia entre oferentes y transparencia en la adjudicación. La licitación será nacional e internacional, y se publicará tanto en canales oficiales como en plataformas globales para atraer inversores del sector logístico y aeroportuario.

El cronograma ya está definido. Las consultas podrán realizarse hasta el 27 de abril, mientras que las ofertas deberán presentarse antes del 7 de mayo, fecha en la que también se abrirá la primera etapa del proceso.

Uno de los puntos centrales del pliego son las exigencias económicas. Los interesados deberán demostrar solvencia financiera con indicadores mínimos de liquidez y capacidad de pago, además de acreditar disponibilidad inmediata de fondos por más de $29 mil millones para garantizar la operación durante los primeros meses.

El esquema también incluye condiciones para asegurar la continuidad del servicio. El futuro operador estará obligado a mantener las operaciones en los 16 aeropuertos actuales durante al menos 180 días hábiles, y deberá notificar con anticipación cualquier decisión de retiro.

A su vez, el Gobierno incorporó restricciones para evitar la concentración del mercado. No podrán participar empresas que ya controlen concesiones aeroportuarias o cuenten con ciertos permisos operativos en el país, buscando limitar la integración vertical dentro del sector.

La supervisión del proceso estará a cargo de la Unidad Ejecutora de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, junto con organismos técnicos que evaluarán tanto las propuestas económicas como los antecedentes de los oferentes.

Más allá del caso puntual de Intercargo, la medida marca el inicio de una etapa más amplia. El oficialismo busca avanzar con un programa de privatizaciones que incluye otras empresas estatales, en línea con su política de achicamiento del Estado.

El debate ya está instalado. Mientras el Gobierno sostiene que la iniciativa permitirá mejorar la competitividad y reducir costos, sectores sindicales y políticos advierten sobre el impacto en el empleo y la pérdida de control sobre servicios clave.

Lo cierto es que la venta de Intercargo S.A.U. no es un hecho aislado, sino el primer movimiento concreto de una estrategia que promete reconfigurar el mapa de las empresas públicas en la Argentina.