A pocos días de conocerse el veredicto -previsto para el lunes 30 de marzo-, la estrategia defensiva se centró en sostener que Mancilla debe ser absuelta bajo distintos encuadres posibles, todos atravesados por un mismo eje: un contexto de violencia, vulnerabilidad y fallas del Estado.
Durante su exposición, el defensor puso especial énfasis en el testimonio de familiares de la víctima, señalando que la propia imputada había pedido ayuda en reiteradas ocasiones frente a situaciones de hostigamiento, acoso y abuso. Según planteó, esos episodios incluían amenazas hacia sus hijos, lo que -afirmó- fue respaldado por otros testimonios incorporados al juicio.
En ese marco, la defensa construyó cuatro hipótesis principales para sostener la absolución. En primer lugar, apeló a la coherencia del relato de Mancilla, aun cuando decidió no responder preguntas durante el debate oral. En segundo término, responsabilizó al Estado por una supuesta falta de asistencia, apuntando a organismos como el sistema de Salud Mental y áreas de contención que, según se argumentó, no lograron intervenir de manera eficaz.
Como tercer eje, se planteó la inimputabilidad de la acusada, al sostener que atravesaba episodios de psicosis y estados disociativos que habrían condicionado su accionar. Finalmente, el argumento más fuerte giró en torno a la legítima defensa en un contexto de violencia de género sostenida en el tiempo.
Sobre este último punto, el defensor aseguró que la escena del hecho presentaba signos de lucha, que la vivienda estaba cerrada y que la víctima poseía una manopla, además de armas en el domicilio. “Florencia ejerció un acto de defensa, sino terminaba muerta ella”, sostuvo, al tiempo que remarcó que la acusada “no tuvo intención de matar”, sino de detener una agresión.
Sin embargo, en caso de no prosperar la absolución, la defensa propuso escenarios alternativos de condena atenuada, que van desde el exceso en la legítima defensa hasta el homicidio simple con pena mínima. Incluso ante la posibilidad de una figura agravada, solicitó que se contemplen circunstancias extraordinarias para reducir la pena.
El caso, que conmocionó a Río Grande desde diciembre de 2022, llega así a su tramo final envuelto en una fuerte discusión pública. Más allá de los aspectos técnicos del proceso, el debate se ha trasladado al plano social, donde distintos sectores cuestionan si la aplicación de la perspectiva de género constituye una herramienta de equidad o si, en este caso, podría derivar en un tratamiento más benévolo hacia la acusada.
El próximo lunes, antes de que el Tribunal dé a conocer su decisión, Mancilla tendrá la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras. Será el cierre de un juicio que no solo busca determinar responsabilidades penales, sino que también dejó al descubierto tensiones profundas sobre cómo se interpreta la violencia, la responsabilidad y la igualdad ante la ley.
La sentencia marcará un punto de inflexión en un caso que ya trasciende lo judicial y que mantiene en vilo a toda la comunidad.