Familia acusa negligencia médica y falta de cobertura de OSEF tras muerte en Buenos Aires

El caso comenzó el 9 de marzo, cuando Mansilla ingresó a una clínica privada con un diagnóstico inicial de neumonía. Sin embargo, con el correr de las horas, su cuadro se agravó y derivó en terapia intensiva, donde se detectaron complicaciones cardíacas y hepáticas. Según su primo, Claudio Cárcamo, la paciente padecía una enfermedad de base —síndrome de MERS— que afectaba directamente el funcionamiento del corazón.

En ese contexto, la familia sostiene que hubo un error en la medicación suministrada en la primera etapa del tratamiento. Cárcamo aseguró que se le administraron fármacos para neumonía cuando en realidad el problema estaba vinculado a una acumulación de líquido en los pulmones por una afección cardíaca. Esa situación, indicó, habría provocado una intoxicación que derivó en una disfunción hepática, posteriormente revertida.

Ante el deterioro del cuadro, la mujer fue derivada en avión sanitario a Buenos Aires, donde debía realizarse estudios específicos para evaluar su condición cardíaca. Es allí donde la familia centra una de las principales críticas: la demora en la autorización de prácticas médicas por parte de OSEF.

Según el testimonio, un estudio clave previsto para el lunes 16 de marzo no fue autorizado en tiempo y forma. La práctica se reprogramó primero para el miércoles y luego para el viernes, lo que generó una ventana crítica sin diagnóstico preciso ni intervención oportuna.

Mientras tanto, la salud de Mansilla continuó empeorando. El jueves 19 sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que la dejó inmóvil, en un cuadro ya irreversible. El estudio cardíaco, que podría haber aportado información determinante sobre su estado, recién estaba previsto para el día siguiente.

La denuncia también alcanza al acompañamiento brindado por OSEF durante la internación. Cárcamo afirmó que ni la paciente ni su acompañante recibieron asistencia suficiente para gastos básicos como alojamiento y alimentación. Además, relató situaciones de maltrato al intentar gestionar ayuda en Buenos Aires, incluso en momentos posteriores al fallecimiento.

Tras la muerte, la familia debió hacerse cargo de todos los gastos para el traslado del cuerpo a Tierra del Fuego, una suma que, según detallaron, alcanzó los 5 millones de pesos entre pasajes y servicios funerarios. Como contraparte, aseguraron que la obra social ofreció un reintegro mínimo, muy por debajo de lo erogado.