En medio de un conflicto que se mantiene abierto desde el 21 de enero, la legisladora fue contundente al justificar la intervención de la Administración Nacional de Puertos y Navegación y atribuyó la crisis a una “mala gestión” sostenida en el tiempo.
“Sí, por supuesto, el puerto va a ser devuelto con las obras que debió hacer la Dirección Provincial de Puertos”, afirmó, y remarcó que el organismo provincial fue “el único responsable de la situación que estamos viviendo hoy en Tierra del Fuego” .
Gracianía sostuvo en FM Provincia, que la intervención no fue una decisión aislada, sino la consecuencia de problemas acumulados durante años. “La autoridad nacional tomó esta decisión frente a la desidia, frente a la falta de gestión y buena administración que debían hacer del puerto de Ushuaia”, señaló .
En ese sentido, enumeró los principales problemas detectados: deterioro estructural del muelle, deficiencias en seguridad, falta de mantenimiento e incumplimientos ambientales. Según indicó, estas falencias ya habían sido advertidas y no fueron corregidas.
“El deterioro era evitable. Decidieron desinvertir en el puerto y no hacer las obras necesarias”, afirmó, al tiempo que cuestionó que, pese a auditorías e investigaciones, “no cambió nada” en la gestión.
La legisladora también destacó la relevancia estratégica del puerto de Ushuaia, al que definió como “uno de los activos más importantes que tiene la provincia”, clave para el turismo antártico y como nodo logístico central.
“El puerto es una puerta de entrada y salida fundamental para los cruceros antárticos y un punto estratégico de la soberanía territorial argentina”, remarcó .
En relación al manejo de fondos, buscó despejar uno de los ejes de la polémica. Aseguró que los recursos del puerto no fueron utilizados para financiar la obra social estatal.
“Los fondos del puerto nunca fueron a OSEF. Había recursos con afectación específica que no se utilizaron correctamente”, explicó .
Además, indicó que el dinero que actualmente se recauda durante la intervención pertenece al puerto y será reinvertido en obras. “El dinero es del puerto y se va a volver a invertir en el puerto para ponerlo en condiciones”, sostuvo.
Respecto a la situación laboral, adelantó que el tema será abordado en la Legislatura en los próximos días. El 9 de abril está prevista una comisión con participación de trabajadores, autoridades portuarias, el Tribunal de Cuentas y el Fiscal de Estado.
“Hay muchas cuestiones que hay que aclarar y todas las partes tienen que dar explicaciones”, indicó.
En paralelo, rechazó versiones sobre una eventual privatización o intervención de empresas privadas en la operatoria del puerto. “Son teorías conspiranoicas que no tienen ningún sustento en la realidad”, afirmó .
Por último, cuestionó el proyecto del Ejecutivo provincial para crear una sociedad estatal portuaria, al que calificó como “improvisado” y “absolutamente extemporáneo” en el contexto actual.
“El propio gobierno que llevó al puerto a esta situación plantea ahora convertirlo en una sociedad del Estado. Es un proyecto fuera de lugar”, señaló.
En ese marco, respaldó la decisión de la Legislatura de enviar la iniciativa a archivo.
Para Gracianía, el objetivo de la intervención es claro: “Ordenar las cuentas, transparentar la gestión y hacer las obras que no se hicieron para devolverle a los fueguinos un puerto en condiciones” .
A casi tres meses del inicio del conflicto, el puerto de Ushuaia continúa bajo control nacional y la discusión ya no solo gira en torno a la intervención, sino también a las responsabilidades políticas que derivaron en la situación actual.