Según explicó en FM Provincia, el cuestionamiento no apunta a la persona sino al cumplimiento de la normativa vigente. “No hemos encontrado documentación que avale la designación, no ha llegado un mensaje del Poder Ejecutivo Provincial al Poder Legislativo”, aseguró, en referencia a lo establecido por la Ley 1012.
La normativa indica que el Ejecutivo debe comunicar este tipo de designaciones dentro de los dos días hábiles a la Legislatura. Sin embargo, desde el ámbito legislativo sostienen que no existe registro formal de ese envío. Por ese motivo, se solicitó al Ejecutivo que en un plazo de 48 horas remita el expediente correspondiente para aclarar la situación.
“No hacemos un cuestionamiento a la persona, sí a los modos”, remarcó Lechman, quien además advirtió sobre una posible concentración de poder en el esquema actual. En ese sentido, planteó que podrían existir incompatibilidades en la toma de decisiones: “Estoy en todos lados y decido en todos lados, soy juez y soy parte”.
El legislador también hizo hincapié en la necesidad de respetar los procedimientos institucionales. “La Legislatura sanciona leyes y las leyes, nos gusten o no, las tenemos que cumplir. Si no, vivamos en anarquía”, sostuvo.
El caso se enmarca en un escenario más amplio de cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión pública. En particular, Lechman expresó preocupación por la falta de información en torno a acuerdos estratégicos vinculados a recursos de la provincia.
“Negar información a la ciudadanía me parece un error garrafal porque lo que hace es oscurecer y no darle claridad a los temas”, afirmó.
Entre los puntos señalados aparece la posible firma de convenios internacionales, como un acuerdo con China para el desarrollo de infraestructura energética, que —según indicó— debería contar con mayor nivel de publicidad y control legislativo.
“Las cuestiones secretas, cuando tienen que ver con los recursos de todos, no contribuyen a la confianza de la sociedad”, advirtió.
En ese contexto, el legislador insistió en que toda decisión que involucre fondos o recursos públicos debe ser transparente y accesible. “Transparencia es mostrar todo lo que se firma, todo lo que se acuerda”, subrayó.
Finalmente, Lechman alertó sobre el impacto que estas situaciones generan en la percepción social. “La sociedad tiene muy poca confianza en aquellos que manejamos la cosa pública”, concluyó, marcando la necesidad de fortalecer los mecanismos de control institucional.