NACIONALES | 4 ABR 2026
EN EL GOBIERNO DE MILEI
Escándalo en Capital Humano: despidos, créditos millonarios y sospechas de privilegios
Un nuevo foco de conflicto sacude al gobierno nacional y vuelve a poner en el centro de la escena al Ministerio de Capital Humano. En las últimas horas, la decisión de desplazar a funcionarios tras conocerse que accedieron a créditos millonarios del Banco Nación reavivó las sospechas sobre posibles beneficios derivados de su condición dentro del Estado. Otro caso propio de la casta libertaria.
El caso más resonante fue el del ex jefe de Gabinete de la cartera, Leandro Massaccesi, quien debió dejar su cargo luego de quedar vinculado a la obtención de un crédito hipotecario cercano a los 400 millones de pesos, uno de los montos más elevados dentro de un listado que involucra a varios funcionarios oficialistas.
La salida fue impulsada por la ministra Sandra Pettovello, en una decisión que buscó contener el impacto político de una polémica que ya escaló a nivel nacional. Si bien desde el entorno oficial se sostiene que no existió ilegalidad en el acceso a los préstamos, lo cierto es que el costo político obligó a tomar medidas rápidas.
Créditos bajo la lupa
El escándalo se originó tras la difusión de registros financieros que evidencian que varios funcionarios y dirigentes vinculados al oficialismo accedieron a líneas de crédito de alto monto. En algunos casos, las cifras superan ampliamente los estándares habituales del sistema, lo que generó cuestionamientos sobre posibles condiciones preferenciales.
Incluso, según trascendió, existirían líneas específicas para empleados públicos que facilitan el acceso al financiamiento, lo que abrió el debate no solo sobre la legalidad, sino sobre la equidad en un contexto económico restrictivo para la mayoría de la población.
“No hice nada ilegal”
Tras su salida, Massaccesi salió a defenderse públicamente y aseguró que el crédito fue gestionado de manera transparente y cumpliendo todos los requisitos exigidos. Además, sostuvo que acceder a herramientas financieras disponibles no constituye un delito, en un intento por despegarse del escándalo.
Sin embargo, puertas adentro del Gobierno, la decisión ya estaba tomada: evitar que la polémica escale y se transforme en una crisis mayor dentro de una cartera que viene acumulando cuestionamientos desde su creación.
Un nuevo golpe político
El episodio suma un nuevo capítulo a la seguidilla de controversias que rodean al gobierno libertario. Más allá de la discusión jurídica, el eje del debate se desplazó hacia lo ético: ¿pueden funcionarios acceder a beneficios que, en la práctica, resultan inaccesibles para la mayoría de los argentinos?
La coincidencia entre la exposición mediática de estos créditos y la inmediata salida de funcionarios deja más preguntas que respuestas. Para la oposición, se trata de un claro caso de privilegios. Para el oficialismo, de una polémica sobredimensionada.
Lo concreto es que, una vez más, el gobierno de Javier Milei queda envuelto en un escándalo que tensiona su discurso de austeridad y transparencia, y que amenaza con seguir sumando nombres a una lista que recién comienza a conocerse.
